Luis Asturizaga Salmón
La 42 Asamblea General de la OEA realizada últimamente en nuestro país, de la que esperábamos que emita una Resolución de apoyo a nuestra causa marítima, no fue más que un “saludo a la bandera”, a pesar de que uno de sus objetivos es velar para que los países vivan en paz y armonía.
Sabemos que la OEA no tiene facultad para solucionar nuestro problema, pero por lo menos debía ratificar la Resolución de 1979 teniendo en cuenta el derecho inalienable de Bolivia a contar con una salida al mar, más aún si ésta le fue arrebatada por una invasión execrable.
Reiterando nuestra demanda marítima, mencionamos algunos pasajes de la historia en relación con la usurpación de que hemos sido objeto por parte de Chile.
En el gobierno de Mariano Melgarejo, el 10 de agosto de 1866, Chile consiguió suscribir con Bolivia un “Tratado de Límites”, mediante el cual se cedía un grado geográfico entre los paralelos 24 y 25 de latitud meridional, por lo que perdimos 1.200 leguas cuadradas provistas de ingentes riquezas naturales, a cambio de un título “Honoris Causa”, un caballo para el tirano y dos perros para su favorita.
En dicha ocasión el representante del gobierno mapochino declaró irónicamente: “Con este tratado se estrechan definitivamente los lazos de amistad y hermandad entre los dos países vecinos y Chile se compromete a proteger y respetar los derechos inalienables de los bolivianos y nunca de los nuncas atentar contra su soberanía”.
Pero Chile dio inicio a la invasión de territorio boliviano, aprovechando el abandono en que se encontraban nuestras ricas zonas costeras, y las luchas políticas internas en Bolivia.
Chile al independizarse de España nació con una escasa franja de territorio, encerrada entre el mar Pacífico y la Cordillera de Los Andes, con tierras áridas y pobres de recursos naturales, lo que dio lugar a sus ideas expansionistas.
Chile temeroso de la Confederación Perú Boliviana, creada por el Mariscal Santa Cruz el 20 de octubre de 1836, por la supremacía que podía alcanzar en Sudamérica, lo que hacía peligrar sus fines expansionistas, en alianza con la Argentina (país con el cual Bolivia sostenía un litigio sobre Tarija) declaró la guerra a la Confederación, destruyéndola en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839.
Es incuestionable el derecho de Bolivia en el Pacífico, al independizarse en 1825, sobre una costa de 80 leguas, desde el río Loa al norte hasta el río Salado al sur, con cuatro puertos mayores: Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla y siete caletas menores. Este territorio con más de 158.000 Km2. tenía inmensas cantidades de salitre, guano, cobre y otras riquezas naturales.
Por ello el presidente chileno Manuel Bulnes en 1842 envió una comisión exploradora a recorrer desde Coquimbo hasta Mejillones, la que dio un informe favorable a su gobierno, que inmediatamente presentó al Congreso un proyecto de ley, por el que se declaraba de propiedad nacional las guaneras del desierto de Atacama. Aprobado por unanimidad el proyecto, llegó a ser ley el 31 de octubre del mismo año. Esta ley fue motivo de reclamación por el Gobierno boliviano, sin merecer respuesta, contrariamente, Chile con la soberbia que le caracteriza creó la provincia de Atacama, a manera de confundirla la nueva provincia con Atacama de Bolivia. De esta forma comenzó la usurpación.
A raíz del ominoso tratado de 10 de agosto de 1866, con el que se concedía generosamente las ricas tierras del Litoral boliviano a empresas chilenas y personas particulares, exentas de pago de impuestos o regalías a favor de Bolivia, los concesionarios hicieron una explotación incontrolable de nuestras riquezas naturales, en especial la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, a la que el Estado boliviano gravó con un impuesto mínimo de 10 centavos por quintal de salitre exportado.
Este hecho fue el pretexto para que Chile se apoderase del Puerto de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, empezando así la mal llamada Guerra del Pacífico, contienda que tuvo, pese a la alianza con el Perú, catastróficas consecuencias para nuestro país, quedando consumado el despojo territorial, limitación al libre tránsito y la invasión comercial mediante convenios arbitrarios, impuestos por el gobierno del Mapocho, sustentando de esta manera su slogan de “Por la Razón o la Fuerza”.
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