Acoso a empresas instaladas

El acoso a importantes empresas que contribuyen con impuestos y fuentes de trabajo, como Mallku Khota (Sout American Silver), Jindal Steel & Power y Aero Sur, viene constituyendo una cadena adversa a la inversión privada, dando un mensaje de tremenda inseguridad jurídica. Esta situación ha determinado que el Estado no pueda garantizar el respeto a la propiedad privada, aunque si quisiera lo haría, pero en muchos casos sus prejuicios políticos se lo impiden.

Los emprendimientos de exploración en Mallku Khota y sus alrededores sufren avasallamientos por algunas comunidades ante la pasividad del Ejecutivo y la tímida actuación del Ministerio Público; los cinco funcionarios secuestrados de la empresa por varios días, dos de ellos con graves lesiones, no inquietan al Gobierno. Se anunció que el presidente Morales no accederá al pedido de los comunarios de ir a la región del conflicto porque se la considera peligrosa.

La expulsión de la South Americn Silver será un hecho en corto tiempo, como ocurrió con la Gleencore que trabajaba en Colquiri, pero con un enorme perjuicio en vista de que el Estado no hace inversiones en exploración, actividad sumamente costosa. El acuerdo alcanzado determina que se cede a la cooperativa la veta más rica del yacimiento minero para explotarla rudimentariamente y ocasionar una fuerte contaminación según denuncias existentes. Es decir, no hacen ni dejan hacer.

La Jindal Steel & Power tampoco ha merecido mejor suerte y tiene puesto el pie en el estribo para marcharse. Con una drasticidad pretoriana no acostumbrada en los grandes negocios de interés colectivo, el Gobierno ejecutó dos boletas de garantía que juntas hacen 36 millones de dólares por supuesta falta de inversiones, no establecida fehacientemente.

Cuando recién las autoridades empezaron a sopesar el daño a la economía nacional y vieron la resistencia que la partida de la Jindal ocasionaba en Puerto Suárez y en todo Santa Cruz, bajaron su tono y buscaron acercamiento.

La empresa propone una variedad de condiciones para quedarse y actualiza la de dotación de gas en los volúmenes necesarios, la entrega total de los terrenos acordados y que cese el acoso del Ministerio Publico contra sus principales ejecutivos. Es que el Gobierno no puede aplicar los mismos métodos intimidatorios que acostumbra contra inversionistas aventurados, en realidad, en un país de riesgos jurídicos, sociales y políticos. Además que nadie conoce el motivo del acoso, pero si se refiere al rubro inversiones, los fiscales están invadiendo la jurisdicción del Órgano Ejecutivo, si bien obedeciendo sus instrucciones, siendo lo correcto dejar a los órganos de gobierno que previamente diluciden tal situación.

Está pendiente una demanda de la inversionista hindú sobre el cobro de los 36 millones de dólares al considerarlo injusto. Esta y otras diferencias con las autoridades no es terreno abonado para futuros entendimientos. El Gobierno nos demuestra a diario que carece de la madurez necesaria para manejar con acierto los intereses públicos.

El caso de Aero Sur es distinto y no hemos de ser nosotros los que la santifiquemos, empero es notoria la intención oficial de hundirla definitivamente. El Estado pecó por no cobrar en años anteriores los impuestos debidos, dejando acumular una deuda enorme e incobrable por su monto. Inclusive lleva a pensar que lo hizo intencionalmente por su inquina contra su anterior administrador, ahora residente en el exterior.

Autoritario en otros temas, no tiene capacidad para recibir propositivamente las ofertas de un inversionista de buena voluntad. Tampoco le interesa salvar el trabajo de más de un millar de empleados cesantes. Actuando conforme a la lógica que tuvo para los mineros de Colquiri, debería absorber a la masa de trabajadores de Aero Sur, en BOA, su aerolínea, o gerentar a la quebrada, como hace con Ametex.