Pesimista panorama económico-político

Un estado de preocupante inestabilidad y desorganización revela la recopilación de algunas informaciones de prensa. Esa serie de datos concretos debería, en todo caso, causar no sólo la reflexión de la opinión pública, sino también de las autoridades responsables de la conducción de la nave del Estado.

Aparte de los disturbios de la marcha indígena del TIPNIS, el reciente conflicto y huelga de los médicos y sus colaboradores, el paro de los choferes, el asunto de Colquiri y los actuales disturbios en la mina Mallku Khota y los indígenas que rodean el edificio de la Vicepresidencia, se tiene otros aspectos que merecen la atención de los respectivos mecanismos del aparato estatal, en los últimos tiempos tan venido a menos.

Entre otros datos se encuentran los siguientes: se detuvo el incremento de créditos y depósitos en la banca, que en el último trimestre cayeron en 40 millones, asunto al que se suma el hecho de que Bolivia pasó a deber a Venezuela de 33 millones de dólares en el año 2006 a nada menos que a 419 millones de dólares, o sea que esa deuda ascendió en porcentaje mayor al mil por ciento, sin que se conozca el destino de esos créditos.

A esa situación, de por sí destacable, se suma el crecimiento de la deuda externa pública general que creció en 53 por ciento en relación con el año 2007, lo cual debilita la seguridad interna del país, pese a que según el Ministerio de Economía sólo significa el 15 por ciento del PIB y, por tanto, el país puede acceder a otros créditos externos, información consoladora y pragmática que no justifica el crecimiento de esa deuda.

En medio de esa incertidumbre se encuentran datos como la suspensión de actividades en el proyecto del cerro Mutún debido a la decisión de la empresa Jindal de rescindir el contrato de riesgo compartido, y la suspensión de actividades por falta de mercado de consumo de la empresa textil Ametex, por lo que podrían quedar sin empleo unos 1.500 obreros. Por si fuera poco, la empresa AeroSur estaría definitivamente condenada a muerte, lo que dejará sin empleo a 1.300 trabajadores y el país se quedará sin un servicio imprescindible, para dar paso a un monopolio estatal. Se agrega a este último problema una serie de bloqueos de caminos que impiden el libre tránsito de pasajeros y carga.

En ese esquema también se debe registrar la caída de la producción agropecuaria en Occidente y el crecimiento de la inflación en cuanto a precios de los alimentos, que subieron en 80 por ciento en relación con el año 2006, fenómenos que determinaron que el Gobierno tenga que importar productos de subsistencia por casi mil millones de dólares al año, extremo nunca visto en nuestra historia económica.

Para completar ese panorama tan poco optimista se pone de relieve la paralización de las inversiones extranjeras e inclusive aspectos que pareciera que deliberadamente buscan alejar otros proyectos. En ese rubro una encuesta internacional señala que Bolivia ocupa el puesto 107 en el ranking de competitividad industrial y, según la Fundación Milenio, Bolivia carece de institucionalidad, competitividad y seguridad jurídica. Finalmente, más a la corta que a la larga se cierne la amenaza de la caída de todas las cotizaciones de materias primas en el mercado internacional

Con referencia a la seguridad institucional, se indica que Bolivia está ubicada entre los 20 países con peor calidad institucional en el mundo, entre 142 evaluados. Así mismo se informa que el crecimiento del PIB registró únicamente un punto porcentual más que el año anterior. Para cerrar ese poco risueño panorama se debe anotar la intranquilidad social, la denuncia de un golpe de Estado por el presidente Morales, la amenaza de choques entre obreros y cooperativistas mineros, entre indígenas y campesinos, entre policías y militares, entre comunidades indígenas, etc., todo lo cual pone a la sociedad boliviana ante la posibilidad de una guerra civil.