Independencia del Poder Judicial

Del 21 al 26 de mayo de 2006 se realizó en La Habana (Cuba) el Congreso Internacional sobre “Justicia y Derecho”, donde se admitió mi ponencia sobre “La independencia del Poder Judicial en Bolivia”, ya que era necesario referirme al tema, pues se había institucionalizado el “cuoteo político” del Poder Judicial, que consistía en la distribución de cuotas de poder en la magistratura nacional a favor de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional.

Recuerdo que el ciudadano Evo Morales abominaba esa actitud de los grupos políticos de aquella época, y pedía respetar al Poder Judicial, su independencia y competencias, lo que nos daba la sensación de que al llegar a la Presidencia de la República, sostendría su tesis independentista.

Es que del análisis que sostuvo con Alianza Patriótica de Abogados (APA), en aquellos años, conoció que el Derecho no es sólo un conjunto normativo, sino debe responder a los valores jurídicos de Justicia y Libertad en el marco de un Estado democrático, humanista y personalista. Comprendió la necesidad de que el Derecho se encauce en el camino de la neutralidad, no por equidistancia a determinado sistema ideológico o político (abstencionismo o intervencionismo), sino porque se pensó que se podía dar forma jurídica y determinación “a priori” a las conductas humanas. Se pensó en transformar la realidad social a partir de un conjunto de normas, y que el sistema jurídico no responda a las distintas concepciones políticas que sustentan los gobiernos de turno.

Pero hoy nos encontramos con el relajamiento de la moral política que desenfrena al poder administrador y lo hace poder político, no en el sentido propio de lo político, sino en el del interés del partido, y a veces hasta en intereses de otro orden, que triunfan en momentos de desconcierto y de falta de enérgico y honesto contralor legislativo. Ese relajamiento llega al propio Poder Judicial, en el que la puja por el ascenso, por el logro del poder y hacer con él favores que la moral veda y repugna, o para oprimir o dar paso al resentimiento, son síntomas de crisis e inferioridad, lo que es grave, pues en la justicia se refugia nuestra última esperanza de la defensa del Derecho.

Hoy nos enfrentamos a la “politicidad del Derecho y de la Justicia”, con el pretexto de estar en un Estado de Derecho con el prurito del Estado de Legalidad, en abstracto, sin interesar los valores jurídicos del Derecho y la Justicia; y ello se demostró precisamente el pasado año, en ocasión de la elección de miembros del Órgano Judicial en toda su estructura, sin importar que la población votó por el RECHAZO a todos los postulantes. Pero en ese momento el Gobierno, que tenía el poder político a medias, complementó al poder total haciéndose dueño de la justicia.

En el marco de las perspectivas, para el realismo jurídico se requiere determinadas soluciones, pues una Administración de Justicia y un Estado de Justicia eficaz requieren un derecho idóneo. La neutralidad y la complejidad jurídicas deben favorecer el papel institucional del Poder Judicial en un Estado Democrático, por lo que la justicia reclama recuperar el criterio de que el Derecho es una ordenación impuesta por la razón práctica y no por la razón pura, debiendo desecharse la circunstancialidad política.

El Derecho del Estado de Derecho Boliviano se debe enmarcar en una ideología humanista y democrática con sustento en la Libertad y la Justicia, y para ello se precisa de un sistema jurídico integral y coherente, conforme a los parámetros reglamentarios de la Constitución, aunque a la misma la consideramos neoliberal.

Estos conceptos van más allá de la doctrina jurídica, por el interés de demostrar que tanto el “Tribunal Constitucional Plurinacional”, el “Tribunal Supremo de Justicia”, el “Consejo de la Magistratura” y el “Órgano Electoral Plurinacional”, no pueden ser considerados confiables, por no estar en neutralidad frente al poder político, sino que están demostrando una suerte de sometimiento.

De la misma manera el Ministerio Público, que hace años está con interinato, debe ser objeto de institucionalización, pero no como fueron los que hoy conforman el Órgano Judicial. Para ello es necesaria una REVOCATORIA de mandato del Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura), así como la del Órgano Electoral, no sólo por ser de naturaleza ILEGITIMA, sino por su falta de confiabilidad y moral jurídica, a fin de implementar un verdadero Estado de Derecho, de manera que se haga confiable la Justicia.