Conflicto en Mallku Khota afectaría a las garantías constitucionales e inversión privada

Un muerto, seis personas secuestradas, golpeadas y torturadas, además de la incertidumbre en torno a la concesión a la Empresa minera de Mallku Khota, fueron el resultado de la acción asumida por los pobladores de la zona del norte de Potosí, que no significan ningún delito para el Gobierno, mientras la oposición observa vulneración a las inversiones privadas así como figuras estipuladas en el Código Penal.

La crisis de Mallku Khota quedó apaciguada, al menos de forma parcial, con el compromiso del Gobierno central sobre revertir las acciones de concesión a la filial de la empresa canadiense South American Silver para instalar negociaciones y proyectos con los comunarios que estuvieron movilizados en los últimos meses.

Las medidas de presión llegaron a tal punto, que se retuvo a seis personas, primero tres que lograron escapar y ser rescatadas por la comisión de Gobierno que se dio cita en la región el pasado viernes, mientras otro grupo de ingenieros y policía fueron liberados hasta la tarde del domingo

Pese a estos antecedentes, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo que no hubo ningún delito y que tampoco se ejerció violencia contra los cuatro ingenieros, un chofer y un policía que pasaron un suplicio durante diez días. “No han sufrido ninguna clase de maltrato estos dos profesionales los llevamos a Oruro y los hemos internado en una clínica, de igual manera al policía”.

“No han cometido ningún delito, puedo afirmarlo, los funcionarios de la empresa han agredido a los campesinos, han utilizado la vestimenta de ellos para camuflarse, tomaron fotos de los compañeros que estaban realizando las asamblea, no se los ha detenido (…), yo no soy quién para determinar si se cometió un delito, el juez debe determinar si los campesinos han cometido falta”, declaró Santalla.

Para el diputado de Convergencia Nacional (CN) Andrés Ortega, en este conflicto hubo un delito que debe ser investigado porque caso contrario se demostraría la falta de garantías constitucionales y el Estado de derecho.

Ortega explicó que la figura de secuestro está manifestada en el art. 334 del Código Penal, donde se cita: “El que secuestrare a una persona con el fin de obtener rescate u otra indebida ventaja o concesión para sí o para otros como precio de la libertad de la víctima, será sancionado con la pena de cinco a quince años de presidio”.

Añade: “Si como consecuencia del hecho resultaren graves daños físicos en la víctima o el culpable consiguiere su propósito, la pena será de quince a treinta años de presidio. Si resultare la muerte de la víctima se aplicará la pena correspondiente al asesinato”.

Dentro de los acuerdos, además de la reversión de la concesión a la Empresa Minera Mallku Khota, también se estableció la liberación del dirigente Cancio Rojas, detenido por supuesta instigación al delito, cuando se secuestró a los dos primeros efectivos de la Policía el anterior mes, al inicio del conflicto.

Las inversiones externas también podrían ser afectadas, como explica el líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, quien asegura que el Gobierno actúa de forma política en cada conflicto social sin pensar en las consecuencias que pueden generarse en la economía nacional.