La oposición señaló que la creación de la Ley 222 y su reglamento son un engaño a la población, y no se cumple con lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), al poner de juez y parte al Gobierno. Además, calificaron de “farsa” sostener que existe un apoyo masivo para la consulta, al establecer que se cuenta con más de los dos tercios de la población, como se planteó por las firmas efectuadas por algunos corregidores de Tierras Bajas.
La diputada por Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, señaló que tanto el reglamento como la consulta son un engaño a la sociedad, considerando que está siendo llevado a cabo en contra de lo que establece la CPE, con la finalidad de cumplir con la construcción del tramo dos de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, en beneficio del sector cocalero “porque por encima de los beneficios para los indígenas, están los intereses de los votos cocaleros, que son la principal fuerza política del gobierno de Evo Morales”, señaló.
Por su parte, la diputada por Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, mencionó que el Gobierno estaría caminando en retroceso en torno al tema de la consulta, al considerar que ésta no debería ser desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas, pues aún existe el conflicto con la novena marcha.
De la misma manera la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, ve con desagrado la forma de proceder del Ejecutivo en los últimos años, aprobando leyes y proyectos sin ver los efectos como el caso del Tipnis. Por ello, se determinó por medio de un voto resolutivo: “rechazar la firma y el convenio firmado por los 45 corregidores a nombre de los pueblos indígenas de la amazonia, por que el Gobierno sigue valorando a los corregidores implantados por el coloniaje europea por tanto el Gobierno actual y sus ministros son resabios del coloniaje no existe descolonización”.
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