El año 2009 los hechos delictivos que destaparon una cadena de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el contrato con Catler-Uniservice. A pesar de pasado el tiempo el dinero desembolsado no pudo ser recuperado.
Los actos dolosos fueron denunciados por el Gobierno después de quedar al descubierto con el asesinato de Jorge O´Connor D´Arlach y el robo de 400.000 dólares, involucrando a Santos Ramírez y otros ejecutivos de la estatal.
O´Connor era máximo ejecutivo de Catler-Uniservice, que firmó contrato con Ramírez por 86,35 millones de dólares para instalar una planta separadora de licuables en el campo Río Grande. El proyecto quedó en suspenso y con fondos estatales sin poder recuperarse.
Otros eran los tiempos como el 2008, cuando Ramírez renunciaba al Senado para asumir la presidencia interinamente de la petrolera estatal. O el 14 de julio de ese año, cuando en presencia del Jefe de Estado suscribía el contrato con el argentino Agustín Melano de Catler y O´Connor de Uniservice.
Todo era fiesta y felicitaciones. Sin embargo, a pesar de los anuncios de que La planta de industria estadounidense llegaría a Santa Cruz entre octubre y noviembre del 2008, para comenzar de inmediato su montaje, con el objetivo de entregarla ya operando entre el 20 y 25 de junio del 2009, el proyecto se vio truncado.
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