Golpe de timón requiere el Gobierno

La situación general del país registra notables síntomas críticos, tanto en lo que se refiere a economía como a política, sin que se perciba indicios de que pueda entrar en un período de descenso de la temperatura o, por lo menos, de una tregua social. Por el contrario, se percibe un horizonte con nubarrones que amenazan con dificultades o, como diría alguien, “Este cielo sucio sólo se limpia con tempestad”.

En cuanto a la situación de la pequeña y mediana economía -aunque no así en la llamada macro economía-, los problemas afectan a las empresas industriales urbanas y mineras medianas y pequeñas y en especial a la pequeña y mediana agricultura de la región occidental del país. Los síntomas inmediatos de ese oscuro panorama son los casos de las minas Colquiri y Mallku Khota, la Fábrica Ametex, AeroSur, la demanda del TIPNIS y las reclamaciones de los industriales en general.

Al mismo tiempo, se registra una crisis a nivel institucional del Estado a partir del motín policial que estalló con signos alarmantes el mes pasado; la resistencia de los sectores obreros y de clase media a las políticas oficiales; la oposición de la Central Obrera Boliviana (COB) que ya realizó tres grandes huelgas generales en este año; la movilización popular en torno a los marchistas que llegaron del Parque Isiboro-Sécure y la creciente actitud opositora de las poblaciones urbanas, que se manifiesta con bloqueo de calles y caminos, huelgas, paros, crucifixiones, actitudes que también son seguidas por poblaciones rurales que adoptan las mismas medidas de presión, todo lo cual revela que siguen latentes las causas que producen esa inquietud social.

En forma concreta, un movimiento social opositor que nació en algunas organizaciones de trabajadores se ha extendido a los sindicatos de obreros, maestros y clase media, al extremo que los médicos, que constituyen el sector más avanzado de este último sector social (y es el más influyente del país), realizó un movimiento sin precedentes, conducta que fue seguida por los policías, lo que alarmó al Gobierno al extremo de que éste pensó que se trataba de un “golpe de Estado” que iba a poner fin al “proceso de cambio”, como peroraron insistentemente altas autoridades.

Ese estado de cosas se refleja con mayor claridad en el medio social urbano del país, que según encuesta de una emisora radial, está en contra la actual situación política del país en el elevado porcentaje de alrededor del 75 por ciento, proporción que debe hacer meditar con seriedad a cualquier gobernante con sindéresis, de tal forma que lo obligue a dar un enérgico golpe de timón a su gestión, en vez de hablar de conspiraciones de “derecha”, cuando en realidad el único que conspira contra el orden establecido sería el mismo Gobierno.

Frente a esa angustiosa situación las autoridades han estado adoptando medidas de seguridad para que el régimen no se vaya a pique y han sorteado los baches con dificultades y triunfos pírricos. Sin embargo, esas soluciones no han resuelto las causas de fondo que producen esos problemas que en conjunto van formando un turbión que podría tener grandes alcances y, por el contrario, los siguen empeorando.

Al no enfocar las causas de las tomas de minas, marchas indígenas y otros conflictos, lo único que está haciendo el Estado es poner parches y así postergar y agravar la situación general, mientras la agitación social que fue subiendo a sectores sociales más importantes, como la clase media alta (que decide la política nacional), cundió a los cuadros policiales y puede contagiar a otros círculos uniformados que no son indiferentes a las grandes cuestiones nacionales.