Avasallan tierras en Oruro ante la pasividad de las autoridades

Oruro, (EL DIARIO).- Ninguna autoridad de Oruro quiere evitar las construcciones clandestinas que abundan en diferentes zonas de la ciudad, para no tener problemas con miles de vecinos que se asentaron ilegalmente en terrenos que pertenecen a otras personas y a otras urbanizaciones.

Los conflictos se agravaron el pasado domingo, cuando los grupos armados, dirigidos presuntamente por Luis Alegría, tomaron terrenos en las zonas Norte y Sur de la ciudad, provocando heridos. Las mujeres, en medio de lágrimas, pidieron a la alcaldesa Rossío Pimentel Flores, “frenar esta clase de abusos de parte de los avasalladores”.

La manifestación bulliciosa se realizó cerca del mediodía de ayer, hasta llegar a la plaza 10 de Febrero, donde las víctimas explicaron que ni siquiera se respeta a la policía y menos a la propiedad privada en Oruro.

El presidente del Bloque Oruro, Edwin Tórrez Espíndola, dijo que no queda otra alternativa que organizarse para enfrentar a los avasalladores, porque “nuestras autoridades no quieren tomar medidas enérgicas para preservar la propiedad privada y las áreas destinadas a parques y de equipamiento”.

La Urbanización La Florida fue avasallada por gente proveniente de las provincias del departamento. Los dirigentes de la venta y reventa de terrenos que no son de su propiedad, “en su desesperación han llamado a gente de Caracollo, para que vengan a la ciudad y realicen la ocupación de terrenos, como si fuesen los dueños”, agregó.

La representación fue hecha a la Dirección de Ordenamiento Territorial, pero esta unidad dependiente de la Alcaldía Municipal, simplemente se dedica a notificar a los avasalladores, para que presenten los documentos de propiedad y de las urbanizaciones, pero nunca actúa para demoler esas construcciones clandestinas.

De acuerdo con la versión de algunos vecinos de la urbanización 9 de Junio, reclamaron el procesamiento contra el dirigente de los avasalladores, Luis Alegría, pero éste “amenaza con sus matones, destruye las casas y se apodera de los terrenos en diferentes zonas de la ciudad”, desde la época del ex prefecto del departamento, Luis Alberto Aguilar Calle.

Cada terreno se vende en 500 dólares, con una extensión de 200 metros cuadrados. Los que no cumplen con el pago de sus cuotas mensuales, son sancionados con la reversión de su lote y en su reemplazo se entrega el terreno a otra persona, con una cantidad similar de dinero.

Las mujeres del barrio 9 de Junio pidieron “justicia contra Luis Alegría”, “paren el avasallamiento de nuestros terrenos” y “pongan freno a esta arbitrariedad”, pero las autoridades ni siquiera reaccionaron frente a la manifestación.

El Concejo Municipal entregó el pasado sábado 7 de julio el nuevo reglamento de urbanizaciones de Oruro, durante una concentración efectuada en la urbanización Ampliación San Isidro, con la esperanza de evitar más avasallamientos, pero ésta clase de toma de terrenos persiste en todas las zonas de la ciudad.

El fiscal de distrito, Gonzalo Martínez, dijo que no es su atribución “la demolición de las construcciones ilegales y clandestinas, sino de la Alcaldía Municipal”, pero la alcaldesa Rossío Pimentel, en reiteradas ocasiones, dijo que tampoco tiene facultades para realizar el desalojo de los avasalladores, sino únicamente el controlar el uso de suelo y que las construcciones no destruyan el ornato público.

La Policía Departamental tampoco quiere hacer respetar el derecho propietario, si no es con una “orden del Fiscal de Distrito”.

Ante esa situación, las víctimas del avasallamiento de terrenos anunciaron la organización de una institución de defensa de la legalidad, la justicia y la sociedad.