Envían a Palmasola a implicada en el caso corrupción de YPFB

Santa Cruz.- Brenda Avilés, encargada del Departamento Medioambiental de la empresa argentina AESA, fue detenida de forma preventiva y conducida a la cárcel de Palmasola, convirtiéndose en la tercera persona recluida en un centro penitenciario, como consecuencia de la investigación del fraude en las adjudicaciones de la planta separadora de líquidos de Río Grande por $us 160 millones.

La imputación por el delito de obstrucción a la justicia fue dictada en audiencia cautelar realizada por la jueza Romy Peredo, ayer por la tarde, mientras los familiares de la detenida protestaron por la medida debido a que consideran que la joven acusada no tiene nada que ver en este caso.

En tanto, la comisión de fiscales anticorrupción, integrada por Carlos Candia, Nuncio Piérola y Cándido Blanco continuó con los allanamientos a inmuebles de presuntos involucrados en el caso y con nuevas aprehensiones.

Los fiscales llegaron ayer hasta las oficinas de AESA ubicada en la calle Alemana, en el cuarto anillo en busca de la documentación que permitirá ampliar las investigaciones para ver quiénes más están implicados en este caso.

Por su parte, Agustín Ugarte Méndez, quien fue miembro de la Comisión calificadora de Adjudicación de las plantas de Río Grande y Gran Chaco fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro, a pedido de su abogado.

El abogado Miguel Aparicio, quien defiende a Ugarte informó que el pedido para que el detenido sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Paz, obedece al hecho que su defendido recibió amenazas de muerte.

El abogado anunció que Ugarte planteará en su próxima declaración ante el juez competente un exhorto para la ampliación de sus declaraciones y dar detalles de su participación en el caso.

Por su parte, Gerson Rojas continuará en la cárcel de Palmasola a la espera de emitir sus declaraciones, ya que habría manifestado el deseo de colaborar con las investigaciones.

En tanto, Rodrigo Góngora, el abogado de las hermanas Avilés implicadas en inicio en este escándalo, afirmó que sus defendidas colaborarán con la justicia en todo lo que las autoridades así lo requieran, mientras éstas declararon que la vivienda que allanó la Policía es alquilada y no de propiedad de ellas.