Brenda Avilés, encargada del Departamento Medioambiental de la empresa argentina AESA, fue detenida en forma preventiva y conducida a la cárcel de Palmasola, convirtiéndose en la tercera persona recluida en un centro penitenciario, como consecuencia de la investigación del fraude en las adjudicaciones de la planta separadora de líquidos de Río Grande por $us 160 millones.
La imputación por el delito de obstrucción a la justicia fue dictada en audiencia cautelar por la jueza Romy Peredo, ayer por la tarde, mientras los familiares de la detenida protestaron por la medida porque consideran que la joven no tiene nada que ver en este caso.
Los fiscales llegaron ayer hasta las oficinas de AESA ubicada en la calle Alemana, en el cuarto anillo en busca de la documentación que permitirá ampliar las investigaciones.
Por su parte, Agustín Ugarte Méndez, quien fue miembro de la Comisión calificadora de Adjudicación de las plantas de Río Grande y Gran Chaco fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro, a pedido de su abogado.