Terminal de buses de Oruro está bajo tutela del Juez

Oruro, (EL DIARIO).- La empresa terminal de buses Sebastián Pagador, se encuentra en proceso de “disolución y liquidación”, bajo la tutela del Juez de Partido Tercero en lo Civil. Por ese motivo, no se puede efectuar la reversión o su nacionalización, dijo la presidenta y accionista mayoritaria, Marcela Billy Loayza Hoogland.

“Nuestra empresa se encuentra bajo la tutela, jurisdicción y competencia de un juez de partido, por lo que es esta autoridad es quien debe resolver la demanda que se le ha planteado de disolución y liquidación de la empresa. Lo contrario, significaría usurpación de funciones”, afirmó.

La terminal de buses se encuentra intervenida desde hace diez días. Los trabajadores y transportistas, con respaldo del Comité Cívico de Oruro y la Central Obrera Departamental, demandan al gobierno la reversión de ese edificio que fue vendido por la ex Corporación de Desarrollo de Oruro a la familia Loayza, hace más de 15 años.

Según Loayza, la empresa Sebastián Pagador “es privada” y recordó que la Constitución Política del Estado en su artículo 56, parágrafo II, “garantiza la propiedad privada y el derecho a la sucesión hereditaria”.

Por su parte, el presidente de la asociación mixta de operadores de transporte terminal de buses de Oruro, Cleto Alborta, manifestó a EL DIARIO, que una comisión se encuentra en la sede de Gobierno para solicitar a la ATT, tomar acciones para que la terminal sea administrada por la Alcaldía o Gobernación del departamento.

Alborta informó que la propietaria les subió el alquiler hasta los 1.500 bolivianos, sin otorgarles factura, por lo que no estarían pagando desde enero.

“Ya estamos acostumbrados de que todo se resuelva con conflicto y no queremos que haya derramamiento de sangre”.

Según los trabajadores de la terminal de buses, el conflicto fue generado “únicamente por seis trabajadores que están realizando conferencias de prensa a nombre de todos, engañando y dañando la imagen de nuestra fuente de trabajo, con falsas e injustificadas declaraciones” que han derivado en la toma del inmueble.

De acuerdo a esos trabajadores, “el pedido de intervención o nacionalización no tiene ninguna justificación porque fueron desconocidos, por violar nuestro estatuto y reglamento interno, porque se realizó una elección fraudulenta, llevándose el ánfora a un domicilio particular y utilizando nombres y firmas de los empleados que no participaron en la elección”.