Jorge Gómez Barata
Los golpes de estado en Honduras y Paraguay y las reacciones de las entidades supranacionales de la región (Mercosur, Unasur, OEA y CELAC) han hecho visible algunas de las tensiones características de la era global que en América Latina asumen perfiles coherentes con las peculiaridades que aportan el subdesarrollo económico y las deformaciones estructurales incorporadas al sistema político.
En Iberoamérica se evidencia las contradicciones entre la globalización y las economías locales, los organismos supranacionales y los estados nacionales y entre los nuevos problemas internos y externos y la ausencia de instrumentos jurídicos y políticos para encararlos. Los gobiernos de la región que apenas cuentan con normas legales e instituciones para lidiar con problemas propios tan primitivos como los golpes de estado y los fraudes electorales, han de adoptar decisiones respecto a lo que ocurre en otros países.
Al crear estas instancias se intenta cohesionar políticamente a gobiernos de derecha e izquierda, oligárquicos y revolucionarios, avanzados y antediluvianos, cosa que funciona cuando se trata de comercio, de la invocación a los próceres o alude a la “unidad en la diversidad” pero que se atasca cuando es preciso adoptar decisiones concretas y trascendentales como ocurrió en el caso de Honduras y sucede ahora con Paraguay.
Mientras en Europa, luego del fin del socialismo real, la homogeneidad política es visible, las instituciones, aunque plagadas de defectos, son estables y predecibles y las entidades supranacionales funcionan con mínimos de coherencia, en América Latina subsiste un mosaico difícilmente homologable donde la cuestión de la independencia y la soberanía nacionales, así como la autodeterminación son asumidas tanto como valores sagrados como utilizados en calidad de figuras retóricas teñidas por la demagogia y el oportunismo.
No es posible soslayar el hecho de que objetivamente la globalización así como la integración y la tendencia de los países a agruparse en organizaciones supranacionales de diferente carácter implica ceder cuotas de soberanía y de autodeterminación. No se puede ser miembro de entidades internacionales sin aceptar las obligaciones que ello conlleva ni hacerlo sólo cuando circunstancialmente convenga.
La cuestión es saber si los preceptos de la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos y la autodeterminación son compatibles con cláusulas vinculantes relacionadas con la política interna y responder a la pregunta de si están vigentes o no y de qué modo se combinan con las obligaciones internacionales que se contrae. Allá nos vemos.
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