El Gobierno tiene plazo hasta el lunes 16 para responder a la empresa Jindal Powell, con la que firmó un contrato para la explotación del hierro en la zona del Mutún. La empresa hindú quiere que incluya el adéndum sobre la dotación de tierras saneadas y la otorgación de 10 millones de metros cúbicos de gas para el proyecto.
En caso de que el Ejecutivo no responda hasta el lunes, la empresa Jindal Steel, dará por hecho la ruptura del contrato, lo que implica que el Gobierno tendrá que emprender otra acción de defensa judicial.
Los representantes legales de la empresa que invierten en el oriente del país aseguraron que cumplieron con la alícuota que les corresponde al haber invertido más de los 600 millones de dólares hasta el 1 de abril pasado, tal cual manda el contrato.
Aunque de acuerdo con la versión de la Agencia de noticias EFE, el abogado de la filial boliviana, Jorge Gallardo, confirmó que Jindal Steel exigió garantías que la empresa no será nacionalizada para seguir en Bolivia. El contrato actual señala la figura de riesgo compartido.