ANP pide audiencia a Parlamento para hablar sobre seguro de vida

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reiteró que los medios de prensa escrita apoyan la creación de un seguro de vida para los trabajadores del sector, pero consideran fundamental que se garantice el correcto manejo del sistema y de sus fondos.

Con ese propósito, la ANP ha pedido audiencia a las presidentas del Senado, Gabriela Montaño, y de Diputados, Rebeca Delgado, para transmitirles su posición sobre un proyecto de ley que estudia actualmente el Órgano Legislativo.

La solicitud formal de audiencia se debe, según sendas cartas enviadas el miércoles, a que las observaciones de fondo hechas por la ANP ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados no fueron tomadas en cuenta en el proyecto.

Ese proyecto, según informaciones de la Cámara de Diputados, fue ya aprobado en grande y en detalle por la referida Comisión y está ahora a punto de ingresar para su tratamiento en el plenario.

Según los medios asociados a la ANP, el seguro de vida debe ser manejado, administrado y contratado de manera independiente por cada uno de ellos pues encomendar esa tarea a una comisión ajena posibilitaría que se reiteren actos de corrupción.

Se considera importante estudiar, además, si un seguro de vida universal como el que se proyecta dará o tendrá ventajas similares o mayores para los beneficiarios que el que tienen ya en vigencia algunas de las empresas asociadas.

Ese hecho ha sido ya observado, con expresiones de preocupación, por las organizaciones sindicales de algunos de los medios de prensa escrita que conforman la ANP y que han declarado su oposición a perder beneficios ya ganados.

Por otra parte, gravar a los medios con aportes de hasta el uno por ciento de sus ingresos brutos para este seguro significa una carga impositiva adicional que incidirá negativamente en la estabilidad económico-financiera de las empresas, que es ya precaria en algunos casos.

La ANP considera importante, además, preservar la igualdad de derechos y no crear un mecanismo discriminatorio en circunstancias en las que existen muchos otros sectores que trabajan en situación de riesgo, al margen de los preocupantes niveles de inseguridad ciudadana.