Confirman una reunión entre Gobierno y Jindal para definir su permanencia en el país

Se confirmó una reunión entre representantes de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), y de Jindal Steel Bolivia (JSB), hoy en Santa Cruz, para definir si esta última se queda en el país para continuar con el proyecto siderúrgico, o en todo caso se va, según el diputado Luis Felipe Dorado, representante de la región donde se encuentra esta zona riquísima en hierro.

“Estamos muy atentos, esta es una reunión crucial porque vence el plazo terminante para que Jindal se vaya o se quede, entre los temas más importantes es el de la provisión de gas, otro es establecer una clausula mediante una adenda para que no se nacionalicen las inversiones de la empresa lo que garantizaría seguridad jurídica”, informó ayer el parlamentario.

Agregó que la población de Puerto Suarez y otras localidades de la provincia German Bush, se encuentran a la expectativa de los resultados de esta reunión que definirá si el proyecto de explotación de hierro continúa o será postergado, debido a las divergencias entre el Gobierno y la empresa privada.

La pasada semana el abogado de JSB, Jorge Gallardo declaró a ANF que hay tres temas esenciales que el gobierno debe aceptar para que la empresa de capitales hindúes se quede en Bolivia, dejar en suspenso la auditoría a las inversiones, firmar un acuerdo sobre la boleta de 18 millones de dólares ejecutada y la finalización inmediata del proceso judicial contra ejecutivos.

“Si hasta el 16 de julio no existiera una solución amigable entre ambas partes, entonces lo que corresponde es la terminación del contrato”, aseguró al explicar que vencen plazos legales, pues, en semanas pasadas la compañía india había anunciado la “intención de resolver” el contrato.

Jindal pide que se deje sin efecto cualquier auditoría a la inversión, tomando en cuenta que el volumen de gas natural que proveerá Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es menor al solicitado.

Se debe recordar que está pendiente la fiscalización de la inversión de 600 millones de dólares que debía ejecutar la socia india en los dos primeros años del contrato que suscribió en el 2007 con la estatal ESM.

La justificación para este pedido es que si se va a reducir el volumen de gas entregado a Jindal, entonces no se puede valorar las inversiones. Sin embargo, el empleo de los recursos estaba comprometido para los dos primeros años.

Al indicar: “Esperemos no se dé” la conclusión del contrato, “porque estamos dispuestos a negociar”, Gallardo dejó en claro que esas tratativas requiere “que se encuentre solución a estos tres temas”.

Los asuntos que deben resolverse se refieren al proceso legal, pues “se debe levantar la denuncia penal iniciada por el fiscal Ortiz” en contra de los ejecutivos de Jindal Steel Bolivia, mencionó al señalar “necesitamos seguridad jurídica para operar en el país sin tener persecución”.