En búsqueda de hidrocarburos

Informaciones de organismos oficiales señalan que el Gobierno estaría empeñado en ampliar áreas destinadas a la explotación de hidrocarburos hasta llegar a los 12 millones de hectáreas. Seguramente que YPFB sería el encargado de estas labores para encontrar nuevas reservas.

La verdad (muy conocida por el Gobierno) es que tanto YPFB como el Ministerio del sector y las compañías “nacionalizadas” en mayo de 2006, han descuidado la búsqueda de nuevos yacimientos que puedan significar reservas del energético. Al respecto es necesario mencionar la falta de inversiones, en parte por carencia de una Ley de Hidrocarburos; por otra, la ausencia de un sistema jurídico que garantice esas inversiones y, finalmente, la desconfianza que el propio Gobierno ha sembrado con anuncios de proceder a nacionalizaciones que, se ha comprobado, implican serios perjuicios y, además, frenan cualquier intención nacional o foránea para las inversiones.

En los últimos años -parafraseando lo sostenido en gobiernos anteriores- se anunció la “prospección de posibles áreas hidrocarburíferas” en el norte del departamento de La Paz, en Uyuni y en otros sitios del país que, se dijo, mostraban posibilidades de contener ingentes riquezas. En el caso de La Paz, si bien se encontró presencia de petróleo y se hizo las pruebas del caso, extrañamente nadie ha informado sobre los resultados.

Alentar la ampliación de nuevas áreas destinadas a la búsqueda de hidrocarburos es una buena decisión; ahora lo que corresponderá es que esa intención se convierta en realidad y no se quede en el amplio campo de las promesas y anuncios fantasiosos que muchas veces se hace y que sólo sirven de “consuelo y resignación” al pueblo por la esperanza de encontrar petróleo en varios puntos del territorio.

Entre las verdades que es preciso reconocer y tomar conciencia de ellas está la que corresponde a lo que deberían hacer las empresas que explotan hidrocarburos en nuestro país. Ellas, más que pacientemente, esperan la aprobación de un régimen jurídico de garantías y la vigencia de un nuevo Código de Hidrocarburos. Aguardan que los contenidos de las nuevas disposiciones legales garanticen no sólo el trabajo y la explotación de riquezas sino que ellas puedan ser reinvertidas, utilizadas fuera del país o disponer como mejor convenga a cada inversionista que, por supuesto, cumpliría todas las regulaciones y condiciones que el país imponga. Estas esperas se traducen en una baja producción y consiguiente menor exportación y disponibilidad para el uso interno; pospone cualquier trabajo de prospección, exploración y explotación de nuevos yacimientos que, casi con seguridad, ya estarían detectados.

Finalmente, si el Gobierno tiene conciencia de lo que debe hacer, no corresponde que todo quede en el camino de las posibles realizaciones; convendrá que el Legislativo cumpla su parte aprobando el Código de Hidrocarburos conjuntamente el de Minería y no retrase más disposiciones que deberían tener vigencia desde hace muchos años.

Los simples anuncios de lo que se tenga que hacer no implican algo favorable para el país; lo importante es llevar a buen término lo prometido y que seguramente ya cuenta con los estudios precisos a cargo de técnicos muy experimentados, porque las realidades no se las puede sacar de los aires y tienen que concretarse en hechos. YPFB, por propia conveniencia y hasta necesidad, debería alentar los proyectos que se tenga para identificar nuevas áreas de napas petrolíferas.