La excesiva burocracia que anula al Gobierno

Innegablemente, las burocracias en los gobiernos del mundo, sea en regímenes constitucionales o en los totalitarios, se han encargado de desviar no sólo buenas intenciones sino de adulterar el sentido y la finalidad de presupuestos destinados a la realización de obras de bien común. Las planillas que es preciso llenar, mes tras mes, para pagar a burócratas que esperan sólo el pago de sus sueldos sin aportar mayormente con su trabajo, insumen mucho dinero. Esta es una realidad para la que se ha buscado explicaciones en quienes tienen que hacer frente a esas obligaciones por exigencias de los mandos superiores.

Nuestro país nunca pudo librarse de semejante carga, sea por presión “del partido” que siempre busca “compensaciones a su entrega y sacrificios” o porque “tiene derechos adquiridos por ser parte del régimen”. Por otro lado, han sido los gobiernos que, con tal de conseguir apoyo de determinadas corrientes políticas y sociales, han buscado a elementos que sean “básicos” para los planes que se hubieran propuesto realizar.

Lo ocurrido con el actual régimen es que desde enero de 2006, las exigencias de muchos militantes del MAS dieron lugar a que el Gobierno se vea obligado a la creación de más puestos de trabajo para acomodar a quienes arguyen tener derechos “por haber derrocado a la derecha” y por compensar “los sufrimientos de 500 años” o, finalmente, por ser justas las reivindicaciones de originarios, nativos, mestizos y grupos indígenas que consideran que la propiedad del Estado en manos del Gobierno, debe ser reducto para el enriquecimiento.

Lo grave de toda esta situación es que: primero, se ha creado ministerios y otras dependencias sin necesidad alguna, cuando el Gobierno podría ser más eficiente, práctico y responsable con la mitad de lo que actualmente dispone, pero que no funciona debidamente. Lo segundo, porque en la mayoría de los casos no existe idoneidad ni profesionalismo ni experiencia de ninguna clase en el personal reclutado, y no es que para ser Ministro o empleado público se precise haber nacido con cualidades especiales o siquiera haber realizado estudios, no; pero hay que convenir en que un mínimo de honestidad y responsabilidad deberían hacer que contratantes (Gobierno) y contratados (nuevos burócratas) actúen en conciencia y aspiren a lo que realmente puedan realizar.

Los presupuestos anuales de cada repartición pública insumen la mayor parte de la ley financiera (no ley “financial”, como equivocadamente se dice en reparticiones públicas) y hasta se recurre a partidas como las de “inversión pública” tan sólo para pagar sueldos y otros beneficios que son cancelados mensualmente. Estas políticas contienen mucha dosis de ineficiencia e irresponsabilidad porque los negocios del Estado, cuya administración está a cargo del Gobierno, se los maneja discrecionalmente y sin mayores cuidados ni sentido de eficiencia y responsabilidad.

En muchas dependencias, ahora y en el pasado, con la frasecita “Total, es del Estado” se pretende justificar todo porque se tiene conciencia de que lo que se hace no está bien y, por el contrario, causa mucho daño porque dinero destinado a obras importantes se lo desvía a sueldos y salarios de empelados cuyo rendimiento es nulo. Entre los “cambios” que debería emprender el Gobierno está, justamente, el examen de lo que implica la excesiva burocracia que debería encontrar nuevas fuentes de riqueza para conseguir puestos conforme a su capacidad y experiencia. Claro que para ello es preciso que también el Gobierno considere la urgencia de restituir las garantías para que el trabajo cree riqueza, pero con personal eficiente para cumplir funciones para las que esté capacitado.