Gobierno apura consulta pero asegura tener tiempo

Contradicciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no permiten esclarecer cuál es el desarrollo que el proceso de consulta en el Tipnis vaya a llevar. Mientras el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez afirma tener consenso con los corregidores en el proceso de socialización, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS) dice que no existe motivo para que se piense en ampliar el plazo establecido en la Ley 222.

Según la norma, la consulta debería aplicarse desde su inicio hasta su conclusión en 210 días a partir de la promulgación de la Ley 222, es decir del 10 de febrero pasado y debiendo concluir hasta el viernes 28 de septiembre. El primer plazo señalaba 120 días, pero fue modificado por la Ley 240.

La senadora Montaño, afirmó antes del ingreso al receso legislativo, que no existe razón para modificar la Ley 222 pues no existen fechas explícitas que digan cuándo y qué procedimiento debe ser realizado.

“Puede tenerse fechas, esas fechas pueden ser ampliadas, pero para eso no se requiere modificar la Ley 222”, declaró.

Sin embargo, fue el propio ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, quien pidió una ampliación mediante ley en caso que los plazos vayan siendo superados.

Por su lado, Gumercindo Pradel, presidente del Consejo Indígena del Sur (Conuisur) entidad que agrupa a los colonizadores que habitan en el Tipnis y que apoya el proyecto gubernamental, exigió no pensar en dilataciones al proceso

“Nosotros ya lo hemos definido cuando estábamos en La Paz con los ministros y con los 45 corregidores, ya no podemos postergar va ser muy difícil, porque luego viene la etapa de lluvias”, declaró.

La consulta fue solicitada anteriormente por los indígenas de Tierras Bajas, cuando se iniciaba la octava marcha que llegó a la Sede de Gobierno con un impresionante recibimiento ciudadano y luego de haber pasado la represión policial en Chaparina.

A su arribo, el mandatario Evo Morales recibió a la dirigencia indígena y firmo la Ley 180 de intangibilidad del Tipnis, que queda en contradicción con la Ley 180 que vuelve a abrir la posibilidad de ingresar con maquinaria a la reserva natural boliviana.

La ley de “consulta previa” cita que busca: “Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – Tipnis debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”.

Con todos estos antecedentes y cruce de declaraciones, existe un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que exige la concertación con los pueblos mojeño – trinitarios, chimanes y yuracarés, para definir el proceso de consulta, antes incluso de la aplicación de la socialización, denominada por el Tribunal Supremo Electoral como “protocolo”, que ya está en marcha.

“El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático – Sifde, será el encargado de la observación y acompañamiento de la Consulta Previa, Libre e Informada, debiéndosele informar sobre el cronograma y procedimiento establecido para la consulta con una anticipación de treinta (30) días”, agrega la Ley 222.