Jindal percibe actitud anti inversiones del Gobierno y pedirá indemnización

Mediante un comunicado a la opinión pública Jindal Steel Bolivia (JSB), anunció que demandará al Estado boliviano por la ruptura del contrato para la explotación de hierro en el Mutún y expresó que la falta de voluntad del actual Gobierno alejará las inversiones extranjeras en territorio nacional.

“En vista de los incumplimientos mencionados por parte del Gobierno de Bolivia y la ESM, anunciamos que mediante la vía legal que corresponda ejercitaremos nuestro derecho al pago de todos los daños y perjuicios relacionados con el Contrato de Riesgo Compartido Mutún-RC”, indica la nota.

La misiva indica que el Ministro de Minería expresó la incapacidad del Estado Boliviano de retirar la causa penal abierta presentada contra altos ejecutivos de JSB por el Ministerio Público de la manera más arbitraria, injustificada e irreconciliable.

“Esta acción penal demuestra que el gobierno de Bolivia maltrata y persigue a los inversionistas extranjeros que han introducido millones de dólares en la economía de Bolivia y que están brindando oportunidades de empleo a miles de trabajadores con la mejor intención de desarrollar la industria en Bolivia. No se nos trata como amigos de los bolivianos, sino como a delincuentes. Creemos que esta actitud del Gobierno de Bolivia aleja toda presente y futura inversión de capitales en Bolivia, ya que la falta de seguridad jurídica estamos seguros que ahuyentará a inversionistas extranjeros”.

La empresa explica que la rescisión viene a raíz del fracaso del Gobierno de Bolivia y sus instituciones gubernamentales para resolver sus incumplimientos o infracciones tal como se les comunicó por primera vez el ocho de marzo.

Jindal informó en marzo de este año que sus inversiones superaron los 600 millones de dólares comprometidos, que se traducen en la firma de contratos para diseños de proyectos, plantas de reducción directa de hierro, pellets, obras civiles, entre otros.

Afirmó que cumplió con las metas de inversión programadas hasta el 1 de abril de este año, el Gobierno por su parte sostiene que este hecho no pudo ser comprobado, tomando en cuenta que no se efectuó una auditoría.

El 27 de abril, Jindal ratificó que el proyecto siderúrgico requiere de una provisión de 6 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural para la Fase I y 10 MMmcd para la Fase II, sin embargo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) nunca pudo garantizar y suministrar estos volúmenes, para el funcionamiento del complejo siderúrgico y ofreció solo 2.5 MMmcd.

“La compañía tomó esta decisión después de agotar todos sus esfuerzos para resolver todos los problemas y llevar adelante el proyecto, lamentablemente ninguno de estos esfuerzos tuvieron éxito debido al incumplimiento y falta de voluntad de parte del Gobierno de Bolivia para cumplir con sus obligaciones contractuales, ante esta situación JSB se ha visto obligada a rescindir el contrato el 16 de julio del 2012”, señala la compañía.