Teleférico: una promesa inusitada

Si durante seis años La Paz no fue retribuida por su apoyo electoral masivo al presidente Evo Morales, sorpresivamente en vísperas de su fecha cívica más importante, el 16 de Julio, se “queman etapas” para congratularla con preparativos de un sistema teleférico entre La Paz y El Alto, con un costo de $US. 234 millones. Los más optimistas del Gobierno apuestan por 18 meses de construcción, pero otros más realistas calculan 34 meses. La cabalgadura será acicateada para la entrega hasta el 2014, por ser año electoral.

Es que está a la vista la intención de rescatar el apoyo popular perdido en gran magnitud, como se vio en la última elección municipal. Además se trata de eclipsar la obra estrella de las gestiones ediles Del Granado-Revilla, de los puentes trillizos. El presente a las dos ciudades tiene el sello de lo político.

Lo anterior delata el récord batido en la aprobación de la Ley respectiva, de alrededor de 7 horas. No sólo esto, sino que el proyecto mismo deja notar su precipitación y ésta nunca es buena consejera. Ahí tenemos los supuestos emprendimientos como Papelbol, las barcazas chinas y ahora las plantas separadoras de líquidos a cargo de YPFB, etc., pero si los afanes son políticos, la carrera es desenfrenada y muchas veces no importan los resultados.

Proyectos sin licitación pública y, en este caso, internacional, hacen entrever falta de transparencia. Tampoco existen estudios de prefactibilidad y otros requisitos necesarios en grandes obras como el sistema teleférico. Hasta ahora no se conoce quién supervisará los trabajos, como es de rigor. Se dice que el diseño final costará 700.000 dólares que, por supuesto, se añade a los $US. 234.000.000, precio de la obra principal.

Los estudios anteriores de este viejo proyecto descartaron el transporte masivo y lo califican sólo como turístico y recreacional. De hecho Medellín, Colombia, es la excepción, y a propósito la diputada opositora Paola Zapata hace notar que en dicha ciudad un teleférico similar y de 4 vías se cotizó en $US.109.000.000.

Otro extremo nada conveniente para La Paz es que se trata de una “Empresa Pública de Transporte por Cable”, es decir, de propiedad estatal. Se sabe hasta la saciedad que el Estado no es un buen administrador y su compañía inseparable es la corrupción. Si se trata de un presente a La Paz -según se dice- su gestión debería pasar a la Alcaldía Municipal como entidad titular, pero a fin de que la licite a un ente privado para asegurar su eficiencia. El manejo por cualquier repartición pública -también por experiencia- deja mucho que desear.

Estos servicios requieren solvencia tecnológica actualizada, de difícil acceso para entidades públicas. En realidad no hacía falta que el Estado erogue 234 millones de dólares, bastaba con licitar la concesión, cuya administración pague su coste en determinados años; cumplidos éstos pasar a propiedad municipal por ser un servicio urbano. Propuestas de transporte masivo de diferentes modalidades no han faltado. Una era la construcción de un tren elevado hasta el puente de Lipari, por una empresa japonesa, a pagarse en las condiciones indicadas.

Mucho más se puede decir a este respecto y creemos que por ahora basta. De todos modos queda flotando aquello de “ver para creer”.