Toma de minas y tierras

El avasallamiento de tierras y propiedades por colonos, comunarios y la toma de minas privadas y estatales como Chojñacota, Corocoro, Porco, Sinchi Wayra, Glencore, Sayaquira, parque Tunari, Himalaya, Colquiri, Crusita y otras, es un mal precedente para el Estado y da una señal de falta de garantías para inversionistas nacionales y extranjeros. Bolivia afronta 12 arbitrajes internacionales por “nacionalizaciones”, aunque sólo se trata de privatizaciones o expropiaciones a la fuerza.

Se dice que algunos asambleístas masistas en el Legislativo son los nuevos latifundistas, pues poseen grandes extensiones de tierras que no han sido revertidas al Estado, burlando así el requisito de la función económica y social.

La nacionalización y el asalto a centros mineros y tierras, como en Zofraco, Cochabamba y otras en Oruro, provocan enfrentamientos entre trabajadores de las minas y campesinos, obreros y cooperativistas mineros, indígenas y campesinos, con saldo de muertos y heridos. Pobladores de estas regiones mineras que sufren de intranquilidad social, piden estabilidad y garantías laborales ante atropellos constantes.

En cuanto a lo sucedido en una comunidad del norte de Potosí y la Compañía Minera Mallku Khota, el 28 de junio, al haber sido tomadas seis personas como rehenes, entre policías, ingenieros y técnicos, de los que tres pudieron escapar, siendo sometidos a agresión física y psicológica, poniéndolos de rodillas con riesgo de morir, hasta pedir canje con un dirigente comunario que estaba preso en San Pedro, la Fiscalía y el Ministerio Público deben actuar sin consideraciones políticas partidarias, ya que existe materia justificable, al tratarse de secuestros, delincuencia, penoso cautiverio, golpiza, violación de derechos. No se debe socapar estos delitos.

Los indígenas que ejecutan la “justicia comunitaria” lograron la expulsión de inversionistas y la nacionalización de la Empresa South American Silver, sin advertir que tendrá elevados costos para el Estado, que deberá enfrentar otro conflicto legal, ya que se pide indemnización de $us. 50 millones. En la mina de plata potosina la compañía canadiense invirtió $us. 25 millones en tareas de prospección y explotación. Al ser el contrato anulado por el Gobierno, los comunarios y campesinos de las comunidades de Sacaca y Charcas dejarán sus sembradíos para dedicarse a la minería.

El empresariado nacional pide al Gobierno, que es condescendiente con avasalladores, y mineros que no pagan impuestos, que actúe con firmeza frente a tomas de minas y tierras por comunarios, colonos, indígenas y campesinos pro gobernantes, que parece pretenden implantar el terrorismo de Estado.

Por sus bailes los conoceréis. El “tinku”, fiesta tradicional que se realiza en Potosí, que causa derramamiento de sangre y defunciones, los indígenas y campesinos quieren que sea declarado patrimonio nacional, aunque no es cultural, son ritos ancestrales andinos que nos hacen ver como un pueblo incivilizado en pleno Siglo XXI.

Se viene otro pleito para Bolivia. La Jindal Steel que realizaba trabajos de explotación del hierro en el cerro del Mutún, se va de Puerto Suárez. El Gobierno no ha podido cumplir con la entrega de seis millones de metros cúbicos de gas, empero ejecutó las boletas de garantía de $us. 18 millones. Además la persecución penal fastidió a la empresa de la India, que dice haber sido maltratada. Las autoridades de minería han planteado un adéndum al contrato original, pero Jindal ha pedido la dotación de tierras saneadas y 10 millones de metros cúbicos de gas y garantías para que la empresa no sea nacionalizada como otras.

Santa Cruz verá afectados sus intereses regionales, pues el Mutún era su esperanza. Más de 500 trabajadores despedidos engrosarán el ejército de desocupados, igual que los empleados de AeroSur. Realmente causa pena esta situación social conflictiva.