La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), anotó preventivamente 538 bienes inmuebles de propiedad de accionistas y ejecutivos de la aerolínea para garantizar el pago de esta deuda millonaria, dando inicio con esta acción al juicio por quiebra fraudulenta contra los accionistas de la empresa.
“También se tienen identificados bienes en San Pablo (Brasil) y Miami (Estados Unidos) de varios accionistas que se dedicaron a bienes raíces, inclusive en el derecho comercial norteamericano”, explicó el titular de la ATT, Clifford Paravinici, en una entrevista brindada a la estatal Radio Patria Nueva.
Añadió que el proceso por quiebra fraudulenta requiere de un sorteo de jueces para llevar el caso y que coadyuven a que dicho proceso se realice con eficiencia y rapidez.
“A nivel de jueces se sorteará a quién le toca este caso y este señor Juez tendrá que coadyuvar con el Gobierno boliviano para lograr la devolución de todo lo estafado. La prioridad constitucional son los trabajadores y en segundo lugar el Servicio de Impuestos Internos (SIN) y luego hay un concurso de acreedores”, afirmó.
Reiteró que dicho proceso judicial será realizado a brevedad, dando una duración estimada de 4 meses.
“Es un delito penal y se rompe el velo corporativo y todos los que estaban involucrados en este manejo serán sancionados de acuerdo a ley. Cuando existe esta tipificación de quiebra fraudulenta todos lo que han estado vinculados con la administración de esta empresa (accionistas, directivos, etc.) y otras vinculaciones, tienen responsabilidad y tienen que pagar las deudas que corresponden a través de todos los bienes que tengan”, señaló.
Por otra parte, Paravicini explicó las razones por las que la ATT procedió recién, cuando la empresa ya se encontraba en situación crítica. Afirmó que las inspecciones a la aerolínea iniciaron en julio del 2011, sin clarificar porqué las anteriores direcciones no abordaron el tema a profundidad.
“La primera fase del control del flujo de caja que se hizo en la ATT, por razones que no conozco, recién empezó en abril de 2011. Mi persona se hizo cargo de la institución en junio del 2011. Analizado este problema se investigó internamente por qué no se habían tomado acciones de intervención o de inspección; por lo menos”.
Posteriormente a la fecha anotada por Paravicini, se iniciaron las inspecciones a la empresa, sin embargo, claramente éstas no se realizaron a profundidad.
“En este caso hicimos inspecciones muy frecuentes, a partir de julio. Hasta septiembre de 2011 esta empresa flujos de caja relativamente variables porque no tomaba en cuenta, extrañamente, las deudas más grandes, que eran los 108 millones a impuestos internos y 600 millones con accesorios. Ese era el grave problema”, señaló.
INFORMALIDAD
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar, señala que este es un caso de una empresa grande que estuvo trabajando en la informalidad.
“Esta es una manera de ver que la informalidad no es buena, que ha llegado a acumular deudas por no pago, por defraudación de impuestos, etc. Sin embargo era una fuente importante de generación de puestos de trabajo, entonces todos lo que queríamos era mantener y preservar esas fuentes de trabajo”, apuntó Yaffar.
Agregó que actualmente los inversionistas interesados en la empresa, tienen que hacerse cargo de sumas que se han quintuplicado por razones de multas, intereses, accesorios, como sucede con los temas de impuestos y no están en condiciones de poder hacer frente a esta inversión.
NUEVA EMPRESA
Paravicini apuntó que en una reunión sostenida el miércoles con trabajadores de AeroSur, se explicó que la ATT ya no podía dar una ampliación de permiso al cese de operaciones de la empresa, porque la licencia de operación otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ya había caducado.
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