Bolivia: ¿gobierno del narcotráfico?

Tengo la certidumbre de que ningún ciudadano boliviano, a estas alturas de las circunstancias, se podría animar a tratar este tema que fuera hecho público por una publicación foránea, que significa una suerte de lapidar al Gobierno y al propio país, cuando un periodista brasileño se ha dado a la tarea de referirse a un informe, dizque, de una unidad de inteligencia de la Policía boliviana, a través del cual se involucraría al ministro de la Presidencia, el ex militar Juan Ramón Quintana y la señorita Jessica Jordán, otrora la bella y despampanante Miss Bolivia, en ajetreos de narcotráfico.

Llegando al extremo, dicha publicación de la revista carioca “VEJA” hace una insinuación en sentido de no haber aún datos que ayuden a esclarecer si el entorno de Evo Morales se ha corrompido aisladamente, o sí tendría participación directa en negocios con el narcotráfico. Esta conjetura es peligrosa, no tanto para el propio presidente Morales, sino fundamentalmente para la salud de Bolivia.

Es cierto que el autor de aquella publicación periodística tiene la obligación de demostrar el origen de sus afirmaciones, así como las probanzas que podrían dar fe de todo ello, y mientras eso no suceda es aplicable la presunción de inocencia a favor de los nombrados en aquella nota, en razón de encontrarse sindicados dos altos funcionarios del Estado boliviano, a uno de los cuales se le había encargado tareas en zonas fronterizas con Brasil. Tales situaciones parece que hubieran sido aprovechadas para tener ligazones con el narcotráfico, como lo insinúa aquella publicación que ha dado vueltas por todo el planeta.

No olvidemos que el Gral. Sanabria, al haber sido detenido y procesado por la justicia de EEUU, dice haber entregado una relación de altos funcionarios que supuestamente hubieran estado vinculados al narcotráfico en Bolivia, y esto determina la presunción de que lo dicho por la revista “VEJA” fuera cierta, de modo que será necesaria no una simple aclaración de parte de los aludidos en aquella publicación, sino hacer uso de los mecanismos legales en materia de Derecho Internacional Privado, en razón de tratarse de la imagen de personalidades que tienen que ver con tareas gubernamentales en nuestro país, y de paso se alude al Primer Ciudadano.

Con la aplicación de aquellos mecanismos legales se obtendrá conclusiones y respuestas que demuestren la inocencia o la culpabilidad en su caso, de modo que el ciudadano boliviano tenga la certeza de aquellas afirmaciones o las deseche por falaces.

El presidente Evo Morales Aima tiene hoy la gran oportunidad de demostrar que se trata simplemente de una guerra sucia que pretende enlodar a su administración, porque así lo entienden muchos miembros del oficialismo, aunque la oposición tiene criterios diferentes. El haber designado al político socialista Jerjes Justiniano como nuevo embajador de Bolivia ante el Gobierno del Brasil, justo en estas circunstancias, parece que respondiera a la necesidad de contar con un académico del Derecho para iniciar cualquier acción procesal tendente al esclarecimiento de este problema y ante las autoridades brasileñas. Menuda tarea la que se le encarga.

Sin embargo, al margen de aquello que comentamos, tenemos que alinearnos a las referencias de aquella publicación en la revista “VEJA”, sobre el crecimiento del cultivo de la hoja de coca en nuestro país, y es cierto que aumentaron los cocales a partir de la administración del presidente Morales, aspecto que nadie puede negar, menos S.E.

También es cierto que como consecuencia de este fenómeno, comenzaron a proliferar en nuestro territorio fábricas de cocaína, sin tener en cuenta que las regiones del Chapare están en franco declive, de manera que se presume que son ampliados territorios para el cultivo de coca, y qué mejor sería ingresar a los parques nacionales, cuya virginidad llama la atención a expertos en la fabricación de la droga.

Otro aspecto que la revista no ha tomado en cuenta es que la hoja de coca del Chapare no tiene la misma calidad que la de los Yungas, lo que quiere decir que no es aceptable para el “acullico”, de modo que se deduce que la mayor producción del trópico cochabambino se la destina a otros menesteres, entre los que está seguramente la producción de drogas ilegales, como sostiene aquella publicación.

Estamos ante un problema de gran magnitud, aunque no lo acepten aquellos a los que se ha involucrado en esa publicación. Es que la imagen del Presidente y del país cuenta más que la de los otros.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).