¿La corrupción?, “bien gracias”

Si el año 2009 se descubrió, por el asesinato del Ing. Jorge O´Connor, el soborno de 400.000 dólares al entonces presidente de YPFB, ahora sale a luz otro supuesto soborno por el siniestro de un vehículo de la misma entidad petrolera, a cargo del gerente de Plantas Separadoras de Líquidos, Gerson Rojas Terán, y gracias -valga el término- a su estado de ebriedad. Posteriores investigaciones permitieron encontrar 90 mil dólares en efectivo y papeles comprometedores en una caja de seguridad de un Banco.

Asimismo, el funcionario de YPFB, Agustín Ugarte, declaró que recibió Bs. 100.000 por encargo de Rojas Terán. Ambos están detenidos en La Paz, pero la fiscalía imputará a otros 20 funcionarios, lo cual da la idea de un concurso delictivo en YPFB. No obstante, la Ministra de Comunicación informó que el Presidente del Estado otorgó “absoluta confianza” al presidente de la entidad, Ing. Carlos Villegas, sin una previa investigación o sin que concluya la actual en curso.

La susceptibilidad crece por la reserva que se ha impuesto al caso, según parece por el cúmulo de escándalos que abruman al Gobierno. Sin embargo, resulta extraño que habiéndose producido el hecho de tránsito el 17 de junio, la denuncia recién se efectuó el 4 de julio, trascendiendo algo al público alrededor del 10 del presente mes. No se peca de exageración, pero al paso que vamos y vemos, no hay entidad fiscal o descentralizada que esté libre de culpa grande o chica. Evidentemente hay un solo “chivo expiatorio”, el señor Santos Ramírez y algún otro, mientras la decantada transparencia brilla por su ineficacia y el Ministerio Público obra selectivamente. Al mismo tiempo que, salvo alguno, todos los casos dolosos gozan de “detención domiciliaria”.

En YFFB parece no haber mecanismos de control interno que pudieran detectar a tiempo actos irregulares y, peor aún, que la supuesta auditoría a todo el proceso de contratación de dichas Plantas, duerma el “sueño de los justos” desde octubre de 2011, tiempo de su funcionamiento.

Un decreto supremo autoriza a YPFB a realizar contrataciones sin licitación, adoptado a instancias del entonces influyente Santos Ramírez y que dio inicio al malhadado caso Catler-Service, medida aprovechada por quienes resultan aventajados émulos del anterior. Dicha disposición legal es, pues, la “madre del cordero” bajo consentimiento del Gobierno, ciego en lo administrativo pero ágil y penetrante en lo político.

La corrupción continúa “bien gracias” en el país y asume ribetes de burla. Resaltan entre muchos el contrato Papelbol, por el que se pagó $US. 13 millones, el doble de su costo. Esperar responsables y menos aún el resarcimiento raya en lo inverosímil. Lo propio ocurre con las 16 barcazas y dos empujadores acuáticos, tema en el cual se pagó por adelantado a una empresa china $US. 25 millones y además $US. 3 millones por el transporte de tal mercancía que debía arribar hace dos años. Si así van las cosas, qué ocurrirá respecto al Ingenio Azucarero de San Buenaventura y en este tren tampoco se puede excluir al pomposo teleférico para La Paz.

Todos estos traspiés ubican al país en una categoría de incapacidad comercial sin cuento, o en una aguda corrupción amparada por la impunidad. Deben ser muchas las empresas foráneas deseosas de negociar con Bolivia a sabiendas que terminarán incumpliendo, pero con la faltriquera llena, sin pena ni culpa.