Consulta y Ley 222
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi, señaló que el proceder de la consulta previa en torno al Tipnis, puede traer serias consecuencias legales para el Estado boliviano, porque si los afectados acuden a instancias internacionales se evidenciarían las irregularidades e imposiciones con las que se ha llevado el proceso.
“Las partes afectadas podrían acudir tranquilamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y podrían apelar y eso sería catastrófico para Bolivia”, declaró el magistrado en Sucre.
Sobre el fallo emitido por esta instancia en torno al proceso de consulta y la Ley 222 que establece la concertación entre Gobierno y pueblos originarios, Gualberto Cusi manifestó que ante la excesiva polarización que existe entre indígenas y colonos de la región, será imposible acatar la determinación emitida en junio pasado.
El magistrado fue el único disidente en el fallo del TCP, argumentando no estar de acuerdo en la aplicación de la consulta por parte de los ministerios de Obras Públicas y de Medioambiente, como dicta la Ley 222, porque el Ejecutivo no puede ser juez y parte en un tema donde se deberían aplicar los usos y costumbres de los pueblos originarios.
En tanto, la dirigencia de la novena marcha indígena se encuentra en Santa Cruz definiendo las estrategias de defensa de su territorio, argumentando que la Ley 222 es ilegal y contradice las normas internas y el discurso medioambientalista del gobierno del MAS.
El presidente Evo Morales, por su lado, desarrolla una campaña dentro de las comunidades entregando obras y beneficio para la región.
“Es decisión de ustedes va o no va la Intangibilidad, pero como Gobierno debemos garantizar la consulta”, dijo sobre la consulta durante su presencia en la comunidad Oromomo.
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