CN observa demandas externas por negar salvoconducto a Pinto

El diputado por Convergencia Nacional (CN), Osney Martínez, advirtió que si el Gobierno boliviano no otorga el salvoconducto necesario al senador Roger Pinto (CN), para que éste pueda asilarse en Brasil, se expone a que se inicien demandas internacionales en su contra. Añadió que el Ejecutivo también teme a las denuncias que Pinto pueda hacer a nivel internacional, razón por la cual se empeñaría en negar dicho salvoconducto.

Asimismo, el legislador beniano aseguró que el aparato estatal le teme a la información, respaldada con la documentación correspondiente, que puede difundir el senador Pinto al vecino país.

“Recordemos la publicación de la revista Veja, que puso en evidencia que los gobernantes están vinculados con el narcotráfico y el senador Pinto conoce aun más información que obviamente el Gobierno no quiere que se sepa, por eso no otorga el salvoconducto”, afirmó.

Por otro lado, Martínez aseguró que el senador Roger Pinto (CN) goza de perfecta salud y recibe las atenciones necesarias por parte de personeros de la embajada de Brasil.

“Incluso ha subido de peso, tiene una oficina para recibir a las visitas. Tampoco está psicológicamente afectado porque es una persona creyente de Dios y tiene fe de que todo saldrá bien”, señaló a tiempo de mostrar unas fotografías donde se observaban al senador Pinto junto al diputado Martínez.

En tanto, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, acusó a la oposición de continuar en la intención de desgastar al Gobierno.

“El senador tiene procesos penales y tiene que rendir cuentas al gobierno boliviano. Nosotros como gobierno no podemos entrometernos en las decisiones de Brasil, tiene que haber respeto entre ambos países (…) En las normas internacionales, respecto a la figura del asilo, no se incluye a personas que tienen procesos abiertos por delitos comunes”, indicó.

El pasado 28 de mayo de este año, el senador por Convergencia Nacional (CN), Roger Pinto se refugió en instalaciones de la Embajada del Brasil, pidiendo asilo político, bajo el argumento de considerar como una “persecución política”, los más de 20 procesos judiciales en su contra, iniciados por el Gobierno.

Once días después, el 8 de junio, la Cancillería de Brasil oficializó el asilo político a favor del legislador de oposición. Sin embargo, hasta la fecha, el aparato estatal se niega a otorgar el salvoconducto al legislador y a la vez acusa a las autoridades brasileñas de ser presionados por la oposición.