Ofensiva contra la libertad de información

Desde hace meses, la jerarquía burocrática, inquilina precaria del Palacio Quemado, ha desatado una ofensiva contra los medios de comunicación en general del país (excepto, por supuesto, la extensa y costosa red de información política oficialista), como si esa actitud netamente informativa fuese una amenaza contra el “proceso de cambio” o como si el Gobierno estuviese asustado y viendo que tiene contados sus días y crea que está terminando su luna de miel de seis años en el poder.

Ese ataque a los órganos periodísticos escritos, orales y televisivos partió de la presidencia del Estado y fue seguida con insistencia por el Vicepresidente, quien ya en marzo pasado dijo que “los medios de comunicación se han convertido en partidos políticos” que “han reemplazado a la oposición”…” para “desgastar al Gobierno y debilitarlo”, apreciación a la que agregó otras opiniones parecidas hasta decir en días pasados que los medios de comunicación hacen “manipulación descarada” de la noticia.

Esa ofensiva contra los medios periodísticos se ha reanudado hace poco con motivo de una reunión de directores de varias agencias oficialistas de noticias (agrupadas en ULAN), oportunidad en la que el vicepresidente García Linera volvió a arremeter manifestando que “lo que hacen los medios privados es manipular la realidad” y que cuatro cadenas de televisión pertenecen a “viejos partidos políticos” que usan el medio de comunicación como su “gran trinchera de ataque al Gobierno”. Por su parte, la Ministra de Comunicación dijo que la extensa red de los medios estatales es “el instrumento político (!!) para defender el proceso de cambio”.

Ese contraataque oficialista contra los medios de comunicación es parte de un rosario de medidas legales y amenazas del oficialismo, sin que, por lo demás, se muestre casos específicos que respalden sus “afirmaciones”. Esas apreciaciones oficiales son etéreas y nebulosas y, por tanto, carecen de seriedad, ya que no existen las verdades abstractas y sólo existen las verdades concretas.

Lo cierto es que algunos medios de comunicación han sido acusados de “desestabilizar” presuntamente al gobierno de Evo Morales por informar sobre hechos políticos que inevitablemente se generan en la evolución de la vida social boliviana. Pero tales acontecimientos en ningún caso son gestados ni provocados por los periodistas y más bien tienen origen en mecanismos oficiales. Son hechos que los periodistas deben informar y tienen todas las garantías constitucionales para hacerlo. Es una actividad tanto o más lógica que la que realiza la red de prensa oficialista que más bien niega los acontecimientos y generalmente los tergiversa de acuerdo con sus intereses… y sin que nadie diga algo.

Finalmente, la actividad natural del hombre es la política y sin ella estaría reducido a la condición de animal. Todo es política, aun la expresión más insignificante, venga de donde viniere. De ahí que tratar de negar la actividad política y afirmar que tal o cual opinión es política, es actuar contra la lógica del conocimiento, atributo exclusivo del hombre. Lo que no se debe hacer es confundir la política (que es el atributo más alto del ser humano) con la politiquería que ha invadido todos los resquicios de la vida social boliviana y que está causando un desastre de las más graves consecuencias, extremo que los medios de comunicación están obligados a denunciar y prever.