El oro es fuente de riqueza y de conflictos en Perú. El mayor proyecto minero actual, llamado Conga, con una inversión de 4.800 millones de dólares (3.909 millones de euros) del gigante estadounidense Newmont Mining Co., ha desatado una guerra en la región de Cajamarca por la férrea oposición de grupos ambientalistas y comunidades indígenas. Pero el aumento del precio del oro (de 220 a 1.303 euros la onza en la última década) alimenta a escala menor una fiebre del oro, que tiene su principal exponente en la minería ilegal o informal en regiones como Madre Dios (Amazonia peruana), con un tremendo impacto ambiental y social, publicó EL PAÍS.
La canoa cruza el río Inambari desde la localidad de Mazuko. Al otro lado, espera una camioneta 4x4, que inicia un trayecto por una pista infernal. Lo que un día fue selva hoy es un territorio desordenado y contaminado de cerros pelados. Una hora después, llegamos a Huepetuhe, localidad sin ley de 8.000 habitantes, que parece salida del lejano Oeste de las películas. “Es el peor pueblo que existe”, dice sin titubear Mario Llana, médico gerente del centro de salud. Los carteles publicitarios dicen: “Huepetuhe, capital peruana del oro”.
Desde el aire, en medio de la espesura verde de la selva sobresalen inmensos agujeros de color tierra-cobre. Son gigantescas huellas de la depredación humana, que empezó a finales del siglo XIX con el boom del caucho, siguió con la tala de árboles y prosigue ahora con los buscadores de oro. La escena tétrica se repite en las selvas de Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador.
La minería ilegal o informal ha devastado decenas de miles de hectáreas y ha cambiado el paisaje de Madre de Dios, advierte Dolores Cortés, de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Esta es la cuarta región más extensa de Perú, con la menor densidad de población (1,3 habitantes por kilómetro cuadrado) y el 54% del territorio protegido. Aquí viven cinco grupos indígenas y 32 comunidades nativas, algunas no contactadas.
Unas 40.000 personas originarias de las regiones andinas peruanas y de países como Brasil, Bolivia, Rusia, China y Corea, trabajan directamente en actividades mineras en Madre de Dios. La cifra total llega al medio millón en todo el país. Un estudio de la firma Macroconsult concluye que la minería ilegal en Perú extrajo en 2011 más de 1,6 millones de onzas de oro que dieron 1.221 millones de euros de beneficios.
Los mineros trabajan 24 horas seguidas y descansan 12, en duras condiciones, sin contrato ni protección social, en zonas sin agua potable y acosados por enfermedades respiratorias agudas, diarreicas y de la piel. Todo por un salario deslumbrante en Perú. “En una semana un minero gana unos 7.000 soles (2.180 euros), cuando el salario medio es de 2.000 soles al mes (625 euros)”, explica Enrique Muñoz, comisionado de la Defensoría del Pueblo.
Solo en Huepetuhe se comercializan 450 kilogramos de oro al mes, que representan unos ingresos de 21,9 millones de euros (49.270 euros el kilo). “La minería ilegal o informal no aporta nada a la población y solo ocasiona gastos al Estado”, dice el doctor Llana. Si los mineros de Madre de Dios pagaran impuestos por los 1.600 millones de soles (500 millones de euros) que se comercializan al año, la región obtendría unos 50 millones de soles (15,6 millones de euros) para obras públicas, según cálculos del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana y el Ministerio del Ambiente. Pero la contribución fiscal de la minería ilegal es ridícula: 42.000 soles (13.125 euros).
Leber, de 27 años y jefe de una explotación semiartesanal en Sarayaku, niega que la extracción de oro sea contaminante y asegura que el mercurio solo se utiliza en bidones para fijar (“clarificar”) el oro, y que no hay vertidos al río. “Es mentira”, replica el doctor Llana. “Está súper comprobado, hasta los peces tienen mercurio”.
Ante la proliferación de conflictos y situaciones irregulares en la minería de Madre de Dios, el Gobierno de Ollanta Humala, en el poder desde julio de 2011, ha decidido poner orden y promete regularizar en un año a todos los mineros ilegales. El 20 de febrero pasado, el Ejecutivo emitió un decreto que prohíbe la actividad minera en zonas inundables cerca de los ríos. Fuerzas de la Fiscalía, Policía y Marina de Guerra empezaron a intervenir en los ríos Madre de Dios, Tambopata, Inambari, Malinowski y Colorado.
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