La verdad aunque duela
El uso del término corrupción es relativamente nuevo. En sentido general, es la violación de normas legales y principios de ética. A veces se refiere a los actos deshonestos de empleados del Estado. Las leyes castigan también la corrupción de menores y en los códigos morales los predicadores condenan la pérdida de buenas costumbres. En el caso que nos ocupa, la corrupción administrativa tiene que ver con delitos cometidos en el ejercicio de cargos públicos, como soborno, exacción, concusión, tráfico de influencias, malversación, abuso de poder, peculado y otros.
Hasta el momento, a nivel mundial el debate sobre la corrupción se ha centrado en los funcionarios públicos que han acumulado fortunas en desmedro de los pueblos donde trabajan. La corrupción es vista como el agua sucia, en especial en países en vías de desarrollo. Pero pocos han hablado de las corporaciones multinacionales y los gobiernos de países industrializados involucrados en escándalos de corrupción, cuyos efectos han sacudido a naciones pobres.
La lucha contra la corrupción no sólo es un imperativo moral sino económico. En estados como el nuestro, donde al parecer los contratos se los consigue mediante sobornos, los que pagan sobreprecios son los ciudadanos comunes. Lo más perjudicial es que la corrupción está generando escepticismo generalizado sobre la Justicia, que se traduciría en una masiva evasión impositiva, fuga de capitales y freno a las inversiones nacionales y extranjeras.
Tomando en cuenta que un dignatario del Estado Plurinacional dijo que “El revolucionario (refiriéndose a los masistas) es un ser humano incorruptible, al que no se le puede cambiar las ideas por una pega, un puesto, un salario o una moto, etc.”, nos preguntamos:
¿A qué se debe la gran influencia en Bolivia de los mandatarios venezolano e iraní? ¿Por qué los gobernantes hablan de supuestos casos de terrorismo, asesinatos, golpes de Estado y otros para luchar contra sus opositores? ¿Por qué han pactado con la burguesía una Constitución para engendrar un nuevo Estado y una nueva sociedad? ¿Por qué confiscan empresas multinacionales con el rotulo de nacionalización, sin aclarar denuncias de corrupción? En cuanto a los juicios contra ex gobernantes, ¿será que el poder económico de ellos es más fuerte que el carácter de los revolucionarios? ¿Qué de revolucionario tiene ser el principal ejecutivo de los productores de coca en nuestro país? ¿Cuál es el trasfondo de la nacionalización de vehículos y maquinaria chutos?
¿Qué significa para los ministerios de Economía, Transparencia Institucional, Gobierno, Público el lavado de dinero proveniente del narcotráfico? ¿De dónde sale el dinero para que el primer mandatario se pase seis años regalando de todo a todos? ¿Por qué no se tiene noticias del avión presidencial? ¿Qué motiva el encubrimiento de actos negligentes o dolosos de correligionarios, a los que más bien se les asignan mejores cargos y se les aumenta salarios? ¿Qué función real cumple y a quién beneficia la Agencia para el Desarrollo de las Macro regiones y Zonas Fronterizas? ¿A qué se debe la intromisión oficialista en los territorios indígenas como el Parque Nacional Isiboro Sécure? ¿Qué motiva a mentir y confundir al pueblo con propaganda falsa? ¿Por qué nos impusieron el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Electoral? ¿Qué papel cumplen los que ejecutan la Justicia Comunitaria? ¿De qué sirve la Ley de Lucha Contra la Corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”?
Si algunas de estas preguntas fuesen respondidas, el pueblo boliviano dejaría de percibir con escepticismo el manejo gubernamental de la cosa pública. Lamentablemente, eso no ocurrirá.
Un análisis similar al del tema corrupción se puede plantear en relación con organismos autonómicos, autárquicos, semiautarquicos que funcionan en el Estado Plurinacional, como ser gobernaciones departamentales, alcaldías y muy en particular YPFB, Aduana y otras instituciones.
Podrán desaparecer la ONU, la OEA, el FMI, el neoliberalismo, el capitalismo, la DEA y la Coca Cola, pero jamás la corrupción gubernamental. Una de las opciones para solucionar dichos problemas es invertir más y mejor en la educación.
El autor es docente universitario.
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