Gobierno firmó acuerdos con comunidades
Una serie de acuerdos y convenios de desarrollo fueron firmados entre grupos de indígenas que participaron de la novena marcha indígena en defensa del Tipnis y el Ejecutivo, provocaron la molestia de la dirigencia que lideraba la movilización, acusando al Gobierno de pretender dividir a los marchistas con el objetivo de debilitar las demandas que presentaban.
Sin embargo, a tan sólo una semana de que se inicie el proceso de consulta en el Tipnis, los líderes de la columna indígena ratificaron que defenderán la reserva natural pese a estos convenios firmados.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, manifestó que quienes participaron de las dos movilizaciones, con el objetivo de defender su territorio, seguirán haciéndolo.
“Nosotros nos mantenemos firmes, no vamos a permitir que se haga la consulta, ya lo hemos dicho muchas veces y sobre todo, a los hermanos que firmaron esos convenios, nos da pena pero eso no significa que cambiaremos nuestra postura”, dijo.
Asimismo, la vicepresidenta de la Cidob, Nelly Romero, afirmó que ninguno de estos acuerdos firmados, son referentes a la consolidación del proyecto caminero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“Nos hemos reunido con los dirigentes y hemos analizado que estos convenios no hablan de la carretera ni de la consulta, así que el Gobierno puede pretender comprar las conciencias de nuestros hermanos pero no lo hará”, aseguró.
Los documentos proporcionados por el departamento de Comunicación del Ministerio de Gobierno, ninguno de los acuerdos firmados entre comunarios y el aparato estatal, proponen la modificación de la postura de los indígenas de la novena marcha respecto a la consulta ni la aceptación de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
El primer acuerdo está registrado en fecha 6 de julio de este año y en él figuran compromisos del Gobierno en el cumplimiento de demandas de tierras, educación y otros proyectos. Quienes firman son representantes de una comunidad denominada Esse Ejía, cuyos representantes son Alberto Torrez, Juan Carlos Parada y una persona que figura como “presidente de una organización”.
El 7 de julio, el Gobierno firmó un nuevo acuerdo con otro grupo de comunarios, en el cual se compromete a la consolidación de ítems, ambulancias, motocicletas y la conclusión de construcción de postas, además de la mejora de caminos.
El cacique de la comunidad Villa Concepción, Eliseo Miro, el vicepresidente de la comunidad Opam-Opm, Edgar Morales, el cacique de la comunidad Inicua, Carlos Mauni Cuevas, el cacique de la comunidad San Pedro, David Alave y el comunario Teodoro Wosnio, entre otros, son quienes firman dando consentimiento al acuerdo.
Otro de los convenios firmados, fue firmado con la regional del Tsimané Mosetén y en él, el Gobierno promete la conclusión del camino Yucumo-Rurenabaque, y una dotación indefinida de carne y leche. Quienes firman, figuran como representantes del Multiétnico II.
El último acuerdo firmado con el Ejecutivo, por parte del Consejo Regional Indígena Leco, compromete al aparato estatal, a la dotación de tierras y la construcción de escuelas, entre otros proyectos de desarrollo.
El aparato gubernamental nunca logró establecer un espacio de diálogo con los comunarios de Tierras Bajas, lo que llevó a los indígenas a retornar a sus regiones y trasladar la defensa de su territorio a sus comunidades, donde prometieron resistencia.
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