Asambleísta afirma que legisladores dañaron fuente laboral de un artesano

(ANF).- El asambleísta Departamental de La Paz, Roberto de la Cruz, lamentó que un grupo de nueve legisladores del MAS se hayan dado a la tarea de dañar la fuente laboral del artesano alteño Antonio Acarapi, quien habría perdido varios contratos a consecuencia de la fabricación de 300 espadines para las damas y caballeros cadetes del Colegio Militar, donde se pone en tela de juicio la calidad de este producto, que fue certificado por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca).

Considera que con la querella penal interpuesta contra el actual Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Félix Rojas, los legisladores masistas pusieron en entredicho la calidad de la mano de obra de los artesanos alteños, más aún cuando Antonio Acarapi se constituye en el primero en fabricar espadines con la misma calidad hechos en Alemania, por lo que espera que el Ministerio Público haga las valoraciones respectivas para no afectar la fuente laboral del artesano alteño.

“Estoy indignado con los nueve legisladores suplentes del MAS quienes motivados por intereses de terceros han dañado con este proceso al artesano Acarapi, quien asumió el desafío de fabricar espadines para el Colegio Militar, más aún cuando estos espadines sólo se fabricaban en Alemania y el artesano demostró que se podían fabricar en el país con la misma calidad. Exijo a los legisladores del MAS retirar cualquier acción contra este humilde artesano, caso contrario las organizaciones sociales de El Alto se movilizarán en los próximos días para hacer pública su protesta”, dijo.

De la Cruz lamentó también que los asambleístas masistas se hayan prestado a una campaña de desprestigio contra el Jefe de Estado Mayor con el propósito de buscar su posible suspensión del cargo, lo cual beneficiaría al segundo de su promoción, en este caso al Inspector General de esta fuerza, por lo que aguardará el último pronunciamiento del fiscal asignado a este caso, Marco Antonio Rodríguez, una vez concluya la vacación judicial.

El artesano Antonio Acarapi, encargado de la fabricación de 300 espadines para las damas y caballeros cadetes del Colegio Militar (Colmil) Gualberto Villarroel, negó cualquier tipo de sobreprecio en el proceso de fabricación y venta de los espadines, por lo cual garantizó la calidad de su producto.

Acarapi aclaró que el fiscal del caso Marco Antonio Rodríguez, personal del laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (Felcc) y la investigadora a cargo del caso, además de la inspección de la asambleísta del MAS, Felicidad Zuazo Mayta, visitaron su taller donde evidenciaron la calidad de los espadines entregados al Colmil.

“Este trabajo es de óptima calidad, que nada tiene que envidiar a la muestra que se me ha dado (espadín alemán), ya que inclusive he mejorado la calidad de los espadines, debido a que al ser un trabajo artesanal, se ha hecho uno por uno y con el debido control de calidad, al extremo que la empuñadura y las partes doradas de los espadines, han sido fundidas en bronce, como lo ha podido apreciar el fiscal Marco Antonio Rodríguez. (…) En cuanto se refiere al costo de los Espadines y la intervención de la Importadora Rojas debo manifestar que también es falso, para concurrir a la fabricación”, señaló Acarapi, mediante una carta dirigida a los medios de prensa.

El general Félix Rojas, jefe de Estado Mayor del Ejército, es investigado por la presuntamente adquisición irregular de espadines, en su condición de Comandante del Colegio Militar el año 2010, él destinó 402.000 bolivianos provenientes del Ministerio de Defensa para la fabricación de 300 espadines de bronce y acero de alta calidad (1.340 bolivianos la unidad). No obstante, ante las presiones ejercidas por nueve legisladores del MAS, en su mayoría suplentes, depositó 100 mil bolivianos como muestra de actitud transparente a las cuentas fiscales del Ministerio de Defensa, por lo que ese cartera de Estado emitió un informe oficial donde certifica que Rojas no tiene cuentas pendientes con el Estado.

Moisés Ponce de León, abogado del general Rojas, sostuvo que la imputación de la Fiscalía quedará sin efecto porque el Ministerio de Defensa certificó que el jefe militar no tiene cuentas pendientes con el Estado.