¿Corrupción estatal?

El gobierno del cambio infelizmente está cercado por conductas que lindan en la delincuencia, así como denuncias que emergen de medios de comunicación del exterior, donde se muestra, a quienes se encuentran circunstancialmente en el manejo del poder, como actores de actitudes que denigran la imagen gubernamental y paralelamente del país, aspectos que no se los puede ignorar en razón de la ética y moral que tenemos los periodistas, amén del derecho que tiene todo ciudadano a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones, en el marco de lo que el propio Gobierno ha acuñado: el CONTROL SOCIAL.

En una anterior nota nos hemos referido a la denuncia pública que sobre el narcotráfico hizo la revista carioca “VEJA”, donde se involucró a funcionarios de nuestro país, e inclusive se hizo alusión peligrosa al presidente Evo Morales, sin que esta autoridad hubiera respondido a ese supuesto libelo, porque no solamente se trata de la imagen del actual sistema político sino también la del propio país, lo que determina exigir una inmediata investigación en busca de la verdad.

Por si fuera poco, aparece en escena un nuevo caso de corrupción y justo en el área de hidrocarburos, aspecto que recuerda a este columnista que cuando formuló renuncia al alto cargo de Superintendente de Hidrocarburos, en septiembre del año 2006, hizo constar a S.E. la presencia de la lacra de la corrupción en dicha área, y parece que no ha dado credibilidad a dicho criterio, pero los hechos posteriores nos están dando la razón.

Lo curioso es que hasta el momento no se ha tomado las medidas que se ha aplicado en el caso del señor Santos Ramírez que fungía como Presidente de YPFB, tal cual es de conocimiento de la opinión pública, al extremo de que recientemente este ciudadano declaró que se le habría tendido una trampa, señalando como responsable de ella al actual Ministro Secretario de la Presidencia de la República, mientras que éste no respondió al ser aludido, hasta el presente.

Se dice que el último caso de corrupción en YPFB preocupa al presidente Evo, en el que estarían involucrados los ejecutivos Gerson Rojas y Agustín Ugarte, que eran responsables del proyecto de tratamiento de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, pero curiosamente nada se dice del señor Carlos Villegas, Presidente de la empresa estatal del petróleo, quien en esa condición es responsable de todo proyecto y ejecución del mismo, como señala su propio Estatuto Orgánico.

No olvidemos que el primer caso de corrupción descubierto en YPFB fue como consecuencia de la muerte del señor O´Connor, y curiosamente este segundo caso también fue producto de un accidente de vehículo, pero con características diferentes en razón de que el vehículo que conducía Gerson Rojas se dice que retornaba del trópico de Cochabamba, siendo extraño que las puertas de dicho motorizado desaparecieran, lo que da la idea de tratarse de un incidente incierto, al margen de lo que conllevó el descubrir dinero proveniente de “comisiones” en el proyecto Río Grande.

Colegimos en consecuencia que la reserva impuesta originalmente en la investigación, no fue sino producto de aquella circunstancia de haber desaparecido dichas puertas del vehículo, lo que determinaría la presunción de tratarse de dos conductas ilícitas.

La Ministra de Transparencia y Anticorrupción está ante varios problemas que debe resolver, no solamente por ser su tarea, sino porque se trata de la imagen de Bolivia ante el concierto internacional; pero lo más urticante es que las declaraciones de los primeros magistrados del país no condicen con la realidad pragmática en la que se encuentran envueltas precisamente altas autoridades, que dicen estar en la línea del cambio, pero que no la aplican, lo que nos lleva a recordar algunos conceptos lanzados por algunos funcionarios subalternos que dicen: “si los karas hicieron plata, ahora nos toca a nosotros”. Para buen entendedor pocas palabras.

Pienso que en el futuro se continuará descubriendo actos de corrupción, y para ello aconsejamos la conformación de un instrumento ajeno al Gobierno y los partidos políticos, porque las instituciones que existen actualmente no están cumpliendo con sus obligaciones, lo que da la impresión de fomento a la impunidad.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).