Derecho a la resistencia

La Carta democrática interamericana reconoce el derecho del pueblo a la rebelión contra toda tiranía. Esto quiere decir que el voto no basta, el gobernante debe autolimitarse en el ejercicio del poder. Un estadista respeta el estado de derecho y la institucionalidad democrática basada en la separación e independencia de los poderes públicos, un improvisado asume el poder total y convierte en legal sus actos discrecionales y arbitrarios. El pueblo no pierde su soberanía, su autodeterminación y puede oponer resistencia a toda política de fuerza y violencia, de derecha o izquierda.

El diseño del tramo dos de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos nació muerto, tiene el veto de la Constitución Política del Estado, que dice que el Parque Nacional Isiboro Sécure es área protegida, y tiene el veto del Tratado de cooperación amazónica firmado por Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, que prohíbe la construcción de cualquier obra de infraestructura física que atraviese la selva amazónica.

En consecuencia esa vía debe ser rediseñada, aunque aumente el costo de la obra. Todo acto o hecho humano es susceptible de revisión cuando así lo exige el bien común. Hay que salvar el TIPNIS, pues la ejecución del diseño del tramo dos significaría arrancar millones de árboles a lo largo de 177 kilómetros, por lo que no se debería cometer semejante crimen de lesa humanidad. No sé si borrar del mapa la selva amazónica causaría placer a un mandatario. El estadista construye, no destruye.

Tampoco podemos olvidar la muerte de niños indígenas en las dos marchas consecutivas de los indígenas del TIPNIS, hecho que pasó inadvertido y el Gobierno en vez de condolerse ordenó represión. Además de rechazar el diálogo con los legítimos representantes de los pueblos indígenas amazónicos, el Presidente recurrió a los corregidores masistas para que den su aval para ejecutar, a como dé lugar, el tramo dos atravesando el corazón del parque Isidoro Sécure.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene la obligación de exigir al Gobierno que cumpla la Declaración de Naciones Unidas que dice que “los pueblos indígenas tienen derecho a seguir poseyendo las tierras que actualmente poseen”. Esto quiere decir que los productores de coca excedentaria para el narcotráfico deben ser desalojados del TIPNIS por la fuerza pública.

El narcotráfico aumenta porque crece la producción de coca excedentaria. La Comisión del Medio Ambiente de Naciones Unidas debería certificar si la ejecución del diseño del tramo dos de la carretera de marras altera o no el ecosistema, con esta certificación se pondría fin al conflicto. El TIPNIS requiere planes y programas de desarrollo con fines lícitos. El Gobierno debería saber que el referéndum vinculante se hace sobre asuntos lícitos, no ilícitos. El diseño del tramo dos está fuera de la ley interna e internacional. En los otros países que conforman la región amazónica sudamericana, los gobiernos aplican buenas políticas en beneficio de los indígenas amazónicos, no los maltratan.