Contrasentidos del Seguro Universal de Salud

La realización de la Cumbre Social de Salud es de suma importancia y conlleva complejos problemas, por lo que será motivo de mucha expectativa de la ciudadanía.

Como ya es característica del Gobierno, la Cumbre tendrá más contenido político populista, estarán los que no deben estar y no los que deberían estar. Deberían ser convocados el Colegio Médico, las universidades, el Colegio de Enfermeras, directores de las Cajas de Salud públicas y privadas, la Central Obrera Boliviana en representación de todos los trabajadores y campesinos y otros sectores que tienen que ver con la problemática de salud.

Seguramente la discusión central de este cónclave será por la Ley de Seguro Universal de Salud, ya sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El Art. 2 de la Constitución Política del Estado garantiza el acceso de salud incluso a la población no asegurada, a través de la integración de todos los sistemas de salud bajo supervisión y fiscalización del Gobierno. Esto significa que el Gobierno va camino al centralismo total de las entidades estratégicas del país.

El Art. 3 de dicha ley dispone integrar todos los sistemas de salud existentes, como la Caja Nacional de Salud, Caja de Salud de Caminos, Caja Petrolera de Salud, Caja Cordes, Caja de Salud de la Banca Privada y la Caja de Salud Universitaria, extrañamente no se incluye a COSSMIL, ¿será que las FFAA se han convertido en el niño mimado del Gobierno? Lo que llama la atención y resulta un contrasentido, es que vayan a ese sistema centralista aquellas Cajas de Salud que están manejadas con transparencia y calidad de servicio.

En el caso particular de la Caja de Salud de la Banca Privada, recientemente el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) pretende atropellar la estructura orgánica de la CSBP, basándose en una absurda “auditoría especial”, donde extrañamente aplica el DS 29.190, referido a “Normas Básicas del Sistema de Administración Bienes y Servicios” y los Art. 3 y 4 de la Ley SAFCO 1.178, que son exclusivos para las instituciones públicas, donde el Estado tiene mayoría de patrimonio, lo que no es el caso de CSBP que es un ente gestor de salud con personería jurídica propia.

Esto viene a raíz de la compra de una clínica de funcionamiento en la ciudad de Santa Cruz, cumpliendo con todas las normas de Reglamento de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios (RABOS), que han sido aplicadas en los bienes que durante 25 años adquirió la CSBP y los que fueron de pleno conocimiento del propio INASES, casos en los que no esgrimieron la tal Ley SAFCO 1.178. Es bueno aclarar que la CSBP se sustenta con aportes de los Bancos, trabajadores activos e incluso jubilados para tener una Caja de Salud en óptimas condiciones de prestación, y no recibe aporte económico del Estado. Lamentablemente esto tiene un fondo político con miras a desprestigiarla, para que el Gobierno intervenga la Caja.

Los bienes de las Cajas de Salud privadas, de las que el Gobierno pretende apropiarse, no solucionarán la desastrosa situación de los servicios de corto plazo, se trata de una medida absurda, sólo tiene un fondo político populista engañoso y artero.

El Estado además de eludir al Art. 35 de la CPE no cumple con las obligaciones que le impone la Constitución, la intervención y toma de las cajas de salud privadas es una de las formas de violación del derecho de salud. La salud debe ser primera prioridad para el Gobierno, protegiendo y sustentando la salud, pero sin politizar.