Indígenas aseguran que Gobierno utilizará consulta para legitimar proyecto carretero

El proceso de consulta que viabilizaría la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del Tipnis y cuyo inicio fue anunciado para este 29 de julio, apunta a que se consolide el proyecto caminero, pese a la negativa de la mayoría de las comunidades, según denunciaron los principales líderes de la novena marcha indígena que exigen la protección de la reserva natural.

Tanto el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), como el Ministerio de Obras Públicas, coincidieron en explicar que las comunidades que se resistan a participar de la consulta, no serán tomadas en cuenta y su negativa será registrada en actas.

De acuerdo con la dirigente indígena, Nazareth Flores, de consolidarse esta modalidad, el Ejecutivo vulneraría la concertación establecida en el proceso de consulta.

“Si sólo van a tomar en cuenta a las comunidades que estarán de acuerdo, entonces ya no sería una consulta consensuada (concertada), ya no tiene objetivo. Este proceso viola nuestros usos y costumbres y además ignora la libre expresión de los pueblos indígenas”, dijo.

Asimismo, hizo referencia al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual obliga al Gobierno y a los comunarios de Tierras Bajas a concertar respecto a la Ley 222 de consulta.

“El Gobierno no respeta ni sus leyes y de todas maneras pretende direccionar el resultado de la consulta, porque aunque sólo una comunidad acepte la consulta, dirán que hubo aceptación y después informarán que hubo la consulta y acusarán a los hermanos que rechacen este proceso de haber boicoteado la consulta”, aseveró.

De igual manera, Flores lamentó que el Gobierno no tome en cuenta que al interior de una comunidad, no todos los habitantes estarán de acuerdo con el proceso y que igualmente existe el riesgo de que se cuente como postura oficial, aquella que asuma algún grupo de indígenas, no importando si éste es una minoría.

“Nos preguntamos qué pasaría si de 100 personas, sólo diez están de acuerdo, de todas maneras contarán los votos de estas personas, aunque sean pocas. Es un riesgo y al Gobierno no le importa nuestra opinión, sólo le importa imponer su carretera”, expresó.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Nelly Romero, denunció que el Gobierno estaría detrás de supuestos atropellos que sufrieron los indígenas que preparan la resistencia en las comunidades del Tipnis y que pretenden socializar la ilegalidad de la consulta entre los habitantes de la reserva natural.

“Una vez más, el Gobierno a través de miembros de Umopar, trató de impedir que nuestros hermanos que querían trasladarse a sus regiones para hacer la resistencia. Ingresaron como ladrones a un domicilio y confiscaron 15 turriles de combustible”, dijo.

Asimismo, hizo referencia a la división que genera actualmente el aparato estatal al interior de las comunidades, con el objetivo de “influir” en los indígenas para que acepten las presuntas ventajas de la consulta.

“Los personeros del Gobierno con el pretexto de socializar la consulta, dividen hasta las familias, hablando a los padres del bono Juancito Pinto y de otros bonos para los ancianos. Insiste en firmar acuerdos de desarrollo con las comunidades”, afirmó.

Finalmente, el corregidor de la comunidad Concepción de Ichoa del Tipnis, Carlos Cayuba, señaló a Erbol que el Gobierno elaboró el protocolo a su favor, pues aseguró que dividió a las comunidades con la entre de “regalos” antes de iniciar la consulta para generar apoyo. “Es como viene haciendo ahora el gobierno, si el cabildo no está de acuerdo escoge su grupo, forma su grupo y trabaja con ellos en las comunidades”, aseveró.