Comunidades que no participen de la consulta no serán obligadas

En entrevista con EL DIARIO, el director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto, confirmó que las comunidades indígenas que se nieguen a participar de la consulta en el Tipnis, no serán obligadas y su rechazo será registrado en un acta.

El protocolo de consulta aún no ha sido socializado con los medios de comunicación, sin embargo, Pinto mencionó algunas pautas de este proceso a ser aplicado con las comunidades de Tierras Bajas.

¿Qué pasa si los comunarios no permiten el desarrollo del proceso como lo han anunciado?

“Nuestra labor básicamente es certificar, a través de imágenes y documentación que han sido convocadas las comunidades al proceso de consulta. En caso de oposición del proceso, se generará un acta en el que se registrará qué comunidades no permitieron la consulta. Según el protocolo, no habrá obligación alguna para ninguna de las comunidades para que participen.

Su participación quedará en el acta y quedará registrado que se negaron a participar. La sentencia constitucional obliga a las dos partes a concertar y en todo caso, el Gobierno intenta acercarse a través de la consulta y se espera de que esas comunidades puedan dar su parecer en relación al tema”.

¿La decisión de construir la carretera será por simple mayoría?

“El protocolo define la decisión de los pueblos indígenas, desde una perspectiva cualitativa. No se pretende avalar una carretera, sino una mirada de desarrollo y las necesidades de los pueblos que están en el Tipnis. Nosotros solamente vamos a constatar que es la gente la que decide. No es una votación, es un proceso de acuerdos”.

¿Qué implicarán estos acuerdos entre el Estado y los indígenas?

“Estos acuerdos incluirán políticas que comprometan al Estado y que involucren a las comunidades, eso lo decidirán ellos. Algunos estarán más conformes que otros, pero la idea es que exista un nivel de concertación entre todos”.

¿Cuáles son los alcances del documento del protocolo de consulta?

“El protocolo es una aplicación de la Ley 222, que ha bajado a un nivel técnico. Significa que habrá desde un cronograma hasta una distribución de comunidades y un formato de consulta que los técnicos del Ejecutivo realizarían ante cada comunidad”.

¿A cuántas comunidades incluirá el proceso de consulta?

“Incluye a 63 comunidades, aunque el protocolo no establece de forma definitiva la cantidad. Por ejemplo, se habla de al menos 48 comunidades que estarían participando de forma voluntaria en el proceso. Seis que estarían en proceso de concertación y otras siete que han sido parte de la marcha indígena con quienes se intentaría un espacio de diálogo.

En algunos casos se habla de 69 comunidades, la explicación que nos ha dado el Ministerio de Obras Públicas es que no se puede definir un número exacto, porque algunas comunidades son dispersas, casi flotantes en algunos casos”.

¿Cuál será la labor específica del Sifde en este proceso?

“Acompañaremos al Órgano Ejecutivo y supervisaremos el cumplimiento del protocolo, que fue acordado con los corregidores. Posteriormente se debe emitir un informe con el Órgano Electoral, a través del Sifde que explique cuál ha sido el procedimiento y su cumplimiento”, finalizó Pinto.