El enemigo silencioso

V.- De la revisión rápida que he realizado sobre los informes y noticias que se refieren a los problemas de contaminación del aire, suelos y cursos de agua en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz se concluye que el diagnóstico simplemente es pavoroso. Ello merece algunas conclusiones y recomendaciones.

La primera es que tenemos una Ley del Medio Ambiente, la 1.333 aprobada en 1992, como aporte nacional a las conclusiones de la Reunión de Río de 1992, cuyas deliberaciones y conclusiones significaron una de las mayores alertas al mundo sobre los problemas ambientales. Acaba de concluir la Reunión de Río + 20 con nuevas alertas y declaraciones pomposas, pero los avances que hacen los países y las comunidades del mundo son realmente pobres. Esta vez hubo más “folklore” de diferentes países y grupos indígenas participantes, como el discurso reiterativo boliviano sobre la defensa de la Pachamama, los ataques al imperialismo y a la propuesta de economía verde, pero no nos preguntamos ¿como andamos en casa? y realmente qué estamos haciendo para resolver los acuciantes problemas relatados en los cuatro artículos anteriores, que son apenas una muestra de lo que sucede en materia de manejo ambiental en nuestro territorio.

La Ley 1.333 es muy completa, cubre todos los aspectos de prevención, mitigación y evaluación de impactos ambientales. Al mismo tiempo establece un ordenamiento institucional que, se supone, debería haber contribuido en sus 20 años de vigencia a tener un país modelo en materia ambiental. Claramente no es ese el resultado.

A lo anterior hay que añadir que el país dispone asimismo de un Programa Nacional de Cambio Climático que ha realizado estudios sobre la situación presente y propuestas sobre las acciones que deberíamos asumir para atenuar los efectos del cambio climático en los diferentes ecosistemas del país, pero, igualmente, hay un enorme interrogante sobre qué es lo que se cumple y lo que no se cumple. Ya que está ampliamente reconocido que nuestras acciones contribuyen de manera significativa a la contaminación y deterioro ambiental.

Fuera de los discursos pomposos, apuntándonos a supuestos líderes de la defensa de la Madre Tierra, la reunión de Tiquipaya, donde se cree sentamos las líneas maestras para defender al planeta de los efectos de una economía mundial depredadora, ¿qué podemos demostrar como una acción positiva en nuestro territorio?

Pero el país a través de una acción coordinada de los tres niveles de acción pública: nacional, departamental y municipal, debería encarar de manera responsable la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio natural. Debemos atacar decididamente al “enemigo oculto”, cuya acción depredadora sobre nuestros bosques, suelos y aguas es evidente.

Para concluir, sugeriría las medidas de acción siguientes: i) campañas educativas e informativas en todo el sistema de educación pública, para concientizar particularmente a niños y jóvenes sobre el problema ambiental; ii) hacer cumplir la Ley 1.333 mejorando el accionar de los mecanismos establecidos en ella; iii) empezar con acciones de las alcaldías y empresas públicas que actúen decididamente en la preservación del medio ambiente. Como simple ejemplo, COMIBOL debería mejorar sus sistemas de explotación con acciones que signifiquen un manejo ambiental impecable.