Aumenta tensión en la región
El líder de los indígenas de Tierras Altas y representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, en comunicación con EL DIARIO, informó que se reunió con autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el objetivo de pedir que se respete la concertación entre el Gobierno y los pueblos indígenas, antes de la realización de la consulta.
“Se tiene que respetar esa concertación total, antes de que imponga la consulta. Después de que no recibieron a la dirigencia indígena en La Paz, nos gasificaron y golpearon, quieren realizar una consulta, sabiendo que pueden existir conflictos”, manifestó.
La reunión se realizó con el representante del presidente del TCP, Efraín Choque y seis magistrados, entre ellos Gualberto Cusi.
Por otro lado, también denunciaron los supuestos atropellos que sufrieron los comunarios en días pasados cuando presuntamente recibieron amenazas por parte del Gobierno, llegando incluso a la confiscación de combustible y motorizados que pretendían utilizar para transportarse a sus regiones con el objetivo de consolidar la resistencia.
De acuerdo a las denuncias, el Ejecutivo a través de miembros de Umopar, trató de impedir a los indígenas trasladarse a sus regiones para hacer la resistencia e ingresaron a un domicilio para confiscar 15 turriles de combustible, el cual fue confiscado bajo el argumento de que éstos serían utilizados para la fabricación de droga. Finalmente, los barriles fueron devueltos pero retuvieron en “calidad de prenda” uno de los motorizados.
Según Quispe, los magistrados prometieron tomar cartas en el asunto, amparándose en la Ley 027, la cual tiene el objetivo de regular la estructura, organización y funcionamiento del TCP.
Sobre el amparo presentado, el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, dijo que es el último recurso interno antes de asumir la resistencia en la reserva natural ante un proceso que califica como un ejemplo de la vulneración de derechos de los pueblos indígenas.
“El Gobierno no sólo que ha continuado con su accionar unilateral autoritario y prebendal destinado a imponer su consulta a los pueblos indígenas, sino que ha venido actuando públicamente en contra de la demanda de diálogo y concertación reclamadas precisamente por los pueblos indígenas que participaron de la IX marcha”, citó Vargas.
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