Costas es citado para dos audiencias el mismo día y en distintas ciudades

La Paz, (ANF).- El juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Iván Córdoba, convocó a las partes implicadas en el caso de desacato denunciado por el fiscal del caso Terrorismo I, Marcelo Soza, contra el gobernador del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, a la audiencia conclusiva para el próximo 8 de agosto en la ciudad de La Paz, fecha en la que la autoridad cruceña tiene otra audiencia conclusiva por el delito de malversación de recursos del Estado.

La autoridad judicial explicó que en la audiencia se resolverá todos los incidentes y excepciones existentes dentro el proceso instalado en julio de 2010, una vez resuelto todos recursos se determinará la remisión a un juzgado de sentencia como establece las normas judiciales.

“Es una audiencia en la cual se debe sanear el proceso, es decir se deben resolver todas las cuestiones pendientes, cualquier incidente, observación, excepción que tenga alguna de las partes. Necesariamente debe ser resulta en esta audiencia, una vez que se resuelvan estos diferentes medios de defensa, el juez pasa la causa ante el juzgado de sentencia en el cual se debe desarrollar el juicio propiamente dicho”, precisó el juez a la prensa.

En Santa Cruz, el abogado del Gobernador cruceño, Richard Cardozo, aseguró que su cliente no se presentará a la notificación del juez de La Paz por tener otro proceso fijado para la misma fecha y casi a la misma hora, esta doble citación fue calificada por el jurista como una intención del Gobierno de cercar a la autoridad cruceña.

“Ese señalamiento de audiencia el mismo día, prácticamente casi a la misma hora en dos departamentos distintos de dos procesos distintos lo único que confirma que aquí hay una intencionalidad de cercar, de perseguir y de ponerlo al Gobernador en un estado de incertidumbre de no saber dónde va a asistir a Santa Cruz o La Paz, eso es cercarlo políticamente al gobernador y obstaculizar la posibilidad de presentarse a una u otra audiencia”, lamentó el jurista.

Para evitar cualquier procedimiento de aprehensión por la inasistencia a la audiencia en la ciudad de La Paz, Cardozo presentará un memorial de justificación argumentando que fueron notificados primeramente por el juzgado de Santa Cruz impidiendo su traslado a la Sede de Gobierno para estar presente en la audiencia conclusiva el 8 de agosto a las 10:00 por el delito de desacato instaurada por el fiscal Soza.

La audiencia conclusiva por el delito de malversación de 10 millones de bolivianos por la realización del referéndum autonómico de 2008, está fijada de igual manera para el 8 de agosto a las 9:00, audiencia a la que asistirá Rubén Costas por haber sido notificado primero por el juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de la capital cruceña.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz tiene previsto realizar la sesión en la que se debe analizar la eventual suspensión del gobernador del departamento, Rubén Costas y la posible elección de un Gobernador interino.

La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) pedirá que se proceda con la suspensión de Costas y se elija a un Gobernador interino, mientras la bancada indígena aún no ha definido su posición.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), José Luis Martínez, dijo que la suerte del Gobernador la decidirá el pleno de la Asamblea a las 10:00 este viernes. Señaló que existen dos opciones; la primera es la suspensión de Rubén Costas y la segunda es que se lleve el tema a la Comisión de Constitución, que preside la asambleísta Rosse Mery Sandoval.

Entretanto, el asambleísta Lucio Vedia (MAS) pedirá al pleno que se tome a consideración la suspensión de cuatro asambleístas que antes eran concejeros del prefecto Rubén Costas, y que también tienen la acusación formal por parte del Ministerio Público, se trata de Rosse Mary Sandoval, Wilfredo León, Bernardo Suarez, Carlos Dorado, todos de la a agrupación Verdes.

El pasado 19 de julio, por falta de quórum, se suspendió la sesión en la que debía tratar la el caso de Costas, quien es acusado de malversar 10 millones de bolivianos por la ejecución del referendo de aprobación del Estatuto Autonómico cruceño, realizado el 4 de mayo de 2008.