Tribunal de Chuquisaca remite amparo constitucional a La Paz

Bajo el argumento de considerarse “incompetente por jurisdicción”, el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca tomó la determinación de trasladar la Acción de Amparo Constitucional presentada por el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, a jurisdicción de La Paz, según informó el juez José Antonio Revilla. El dirigente de indígenas de Tierras Altas, Rafael Quispe, afirmó que la justicia está parcializada en el país, pero que la lucha continuará en las instancias que sean necesarias. En tanto, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, afirmó que ningún recurso detendrá el desarrollo del proceso.

“Una vez más el MAS ha demostrado que tiene a la justicia de su lado, pensábamos que los jueces o vocales del distrito de Chuquisaca iban a ser imparciales pero por lo visto siguen siendo sometidos y hablan con el mismo discurso”, aseveró Quispe.

El dirigente recordó que cuando la dirigencia indígena presentó las denuncias correspondientes por la represión policial a la octava marcha en Chaparina, el Gobierno estableció los mecanismos necesarios para trasladar la investigación a la ciudad de La Paz.

“Si hablamos de jurisdicción, entonces la investigación debería permanecer en el tribunal más cercano a Yucumo”, dijo.

A su turno, el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, en comunicación con EL DIARIO, lamentó la decisión del Tribunal y sostuvo que los argumentos presentados no son válidos, debido a que esta instancia contaba con las atribuciones para admitir el Amparo Constitucional presentado.

“Es un pretexto que ellos ponen porque quieren retardar los procesos, lamentamos ese tremendo servilismo que tienen las autoridades judiciales con el Gobierno. Ellos tenían los datos necesarios para dictar una paralización de la consulta, pero la lucha continua, estamos firmes y sea en La Paz o en Sucre, nosotros continuaremos”, citó.

El Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca se declaró incompetente para proteger los derechos de los indígenas por razones “de jurisdicción”, por lo que decidió remitir el amparo constitucional por los dirigentes indígenas, a la ciudad de La Paz.