Sectores desprotegidos de la sociedad piden proyectos sostenibles al Gobierno

• Pese a existir leyes que impulsan la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes, aún siguen siendo discriminados por falta de trabajo y apoyo de las autoridades.


FRANCISCA HUARACHI, REPRESENTANTE DE UNO DE LOS GRUPOS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN COCHABAMBA.

EL DIARIO.- Se los ve por las calles pidiendo limosnas, enjutos, con posición de sed y quebranto. Ancianos y personas con capacidades diferentes no tienen donde vivir, se refugian en albergues momentáneos para protegerse del invierno. La falta de planes gubernamentales para brindar capacitación y hacer de ellos personas productivas e independientes es una de sus mayores aspiraciones. Piden mayor atención del Gobierno Nacional, especialmente en el pago de su bono solidario.

En La Paz, el presidente de la Asociación de las Personas con Capacidades Diferentes, Adeprod, Ricardo Vasquez, manifiesta que está a la espera que se haga realidad una sede en Sopocachi, que consiste en una casa, que según Vásquez, fue donada por una profesora jubilada quien falleció, por lo que en este momento se encuentra en juicio para que en el lugar, pueda funcionar un centro que contemple pilares como educación, capacitación y microempresa.

Entre otras aspiraciones, expresó que está a la espera de la aprobación de dos proyectos que presentó a la Gobernación del Departamento como la ciudadela para las personas con capacidades diferentes, la cual consiste en la realización de viviendas en un terreno de 200 hectáreas en la zona de Alpacoma.

La compra de estos terrenos estaría financiada por los mismos miembros de Adeprod, la cual tiene capacidad para incluir en este plan a 10.500 personas de 18.000 que existen solo en la ciudad de La Paz. El costo del terreno cuadrado sería de 1,70 dólares el metro cuadrado.

Respecto a los albergues actuales, indicó que si bien existen, éstos son circunstanciales y no tienen un programa sostenible que enseñe a las personas con capacidades diferentes a proyectarse e insertarse dentro de la sociedad como personas productivas sin necesidad de pedir limosna en las calles, puesto que solo los cobijan hasta los 18 años, pero luego ese joven que sale a la calle, se encuentra sin domicilio y sin oficio, y no les queda otra alternativa que pedir limosna en las calles.

Por último pidió la Gobierno nacional que sea solidario y cumplan con el pago del bono para las personas con discapacidad.

Cochabamba

En Cochabamba, se tiene el albergue de personas para la tercera edad “Sumag Punchay” que a iniciativa de la Gobernación y la Alcaldía de Cercado, se habilita temporalmente durante la época de invierno, según explicó la vocero de la Alcaldía, Elva Morales.

Para este fin, se destinan unos 200 mil bolivianos por el periodo de unos dos meses, y se albergan principalmente a los indigentes de la calle, en las noches hay un bus que los recoge de las plazas y parques para trasladarlos hasta el lugar que funciona en cercanías de la laguna de Alalay, allí pasan la noche, se les da cena, abrigo y al día siguiente desayuno, luego las personas vuelven a la ciudad a sus oficios cotidianos como recolectar basura, vender productos, lustrar zapatos, para luego en la noche seguir con la misma rutina.

Discriminación

Pese a existir leyes que impulsan la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes, principalmente en las instituciones públicas, dirigentes de este sector, manifiestan que aún siguen siendo discriminados por la falta de fuentes laborales y el apoyo de las autoridades.

La representante de un grupo de personas con capacidades diferentes de Cochabamba, Francisca Huarachi indicó que aunque existe la Ley de discriminación y otras, aún persiste la indiferencia de la sociedad, “parece que todo se queda en los papeles, porque no vemos que se cumpla, por ejemplo que el 10% de los funcionarios públicos, sean personas con capacidades diferentes, es difícil para nosotros conseguir trabajo, nos discriminan porque piensan que tenemos limitaciones”

Huarachi, asegura que la mayoría de las personas con capacidades diferentes, depende de sus familiares y amigos para poder subsistir todos los días, pese inclusive a que muchos de sus compañeros cuentan con profesiones y se sienten capaces de responder a las exigencias de las instituciones.

“Grave sufrimos para conseguir trabajo, un compañero que tiene formación de auditor, dos años ha luchado para que le puedan aceptar y entre a trabajar a una institución, hemos tenido que apoyarle y presionar para que se respete la Ley, nosotros también podemos hacer muchas cosas, falta quien nos colabore”, señaló.

Asimismo, explicó que el caso de Cochabamba, existiría una Ordenanza Municipal aprobada en el año 2005 que instruye otorgar en un 10% puestos de venta en los mercados de la ciudad a las personas con capacidades diferentes, que en su criterio tampoco se cumple, siendo una necesidad para el sector.

“No ha nada, hay puestos en la cancha que se revierten, deberían priorizar para nosotros, apoyarnos, para beneficiar a las personas con capacidades diferentes, pero tampoco, seguimos siendo discriminados, ahora en cuanto a la Ley 223 también lo mismo yo diría porque dan más importancia a los padres de familia que tienen hijos con discapacidad y no a los que necesitan trabajar”, concluyó.

Según datos del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), en el departamento de Cochabamba existen más de 5.000 personas con capacidades diferentes, de las cuales sólo un 30% tiene acceso a fuentes laborales, pese a las normativas vigentes, se advierte la falta de políticas de reinversión laboral que apoyen a este sector.

Tarija

Según la pagina web del Servicio Departamental de Gestión Social de Tarija, Sedeges, el Instituto de Rehabilitación infantil, atiende a Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad física, en fisioterapia, post quirúrgica, laboratorio y radiología.

 
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