Punto aparte
Los escandalosos casos de corrupción en YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), develados de manera fortuita, han dado lugar a que en la opinión pública surja la interrogante sobre lo que sucede internamente en esa entidad, desde que Carlos Villegas desempeña interinamente el cargo de presidente.
A partir de abril de 2008, el gobierno de Evo Morales aprobó cinco decretos y varias otras disposiciones menores, que conceden carta blanca a la administración de aquella entidad, considerada oficialmente estratégica, porque administra el mayor ingreso que tiene el país, con la comercialización de gas natural y petróleo, interna y externamente.
En su momento, un diario local dio cuenta que esos cinco decretos avalaron la contratación directa de bienes y servicios; el manejo discrecional de fideicomisos; la creación de empresas con características de ser privadas, pese a ser financiadas con recursos fiscales; y otras concesiones más.
Aparte de los ingresos millonarios que percibe YPFB, pues las empresas privadas productoras de hidrocarburos le entregan a su patrocinio el expendio interno de petróleo y la exportación de gas natural -cuyo origen proviene de la capitalización de 1996-, el presupuesto fiscal le asigna anualmente la mayor parte de la inversión pública, además de que se dispuso que el Banco Central le conceda el crédito de un millón de dólares de las reservas fiscales.
Del conjunto de las operaciones que realiza la empresa estatal de los hidrocarburos del país, se desprende que anualmente es responsable de la administración de siquiera 4.000 millones de dólares al año.
La contraparte es que virtualmente nadie la fiscaliza sobre lo que hace y no hace. En sentido figurativo, es como que Villegas fuera el dueño y señor de semejante volumen de recursos.
El asunto, lamentablemente, cabe personalizarlo, porque ni el directorio, nombrado exclusivamente por el gobierno de Morales, conoce con la necesaria autoridad lo que acontece en YPFB. Un matutino de La Paz, en su edición del viernes 27 de febrero de 2009, refirió que el directorio no recibió los textos oficiales de aquellos decretos.
Por lo menos, la duda y otras conjeturas se imponen en este caso. De ahí que, tanto para establecer la idoneidad con la que presuntamente dirige Villegas, así como para que la Asamblea Legislativa y el pueblo boliviano se informen fidedignamente lo que acontece en YPFB, es imperativo efectuar una auditoría integral sobre todos los actuados de YPFB, desde que Villegas es su conductor. Si el presidente Morales lo sigue avalando, la responsabilidad jurídica del caso recae sobre él.
Como quiera que la Contraloría General es otro de los enclaves políticos del gobierno, en esta ocasión lo que correspondería es contratar a las más acreditadas empresas auditoras que funcionan en Bolivia y que, a través su experiencia y competencia, se hallen habilitadas para investigar la administración de YPFB.
El decoro personal y profesional, a su vez, exige que Villegas renuncie o sea suspendido de la presidencia de YPFB, por el tiempo que duren las auditorías. Sería pertinente, por lo menos esta vez, que la Asamblea Legislativa sea la que designe al presidente y a un nuevo directorio de YPFB. Sus funciones pueden ser también interinas, como en el caso excepcional de Villegas.
En la evaluación que se efectúe del manejo de YPFB, tendrá también que examinarse, con la prolijidad del caso, las razones por las que, desde la “nacionalización” de la entidad, en mayo de 2006, se frenó el crecimiento en la producción de hidrocarburos. Uno de cuyos efectos adverso es que desde 2008 tenga que importarse petróleo y otros carburantes para el consumo interno; en 2011, entre combustibles y lubricantes se importaron $us 1.025.4 millones.
Hasta el año 2005, la producción de petróleo cubría la demanda nacional y la de gas natural era de 40 millones de metros cúbicos diarios. Al 2011, la producción bruta de este energético fue de 44,60 millones, cuyo incremento fue de sólo el 8% en relación con el 2010.
En opinión de expertos consultados al respecto, la producción a 2010 debió subir ya a 80 millones de metros cúbicos diarios.
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