El candente problema de la producción, comercialización y consumo de drogas es un tema preocupante no sólo para los países productores o siquiera víctimas indirectas del letal negocio que implica que miles de millones de dólares ingresen al campo delictivo de las drogas y que luego, muy luego, buscan “lavar” ese dinero para darle visos legales. Hasta hace pocos años, Colombia era el centro apropiado no sólo para la producción, comercialización y ser centro “protegido” para que el producto salga con destino a mercados del mundo.
La presencia de ejércitos irregulares y su apropiación de parte del territorio colombiano, los secuestros, crímenes, asaltos y delitos de toda laya cometidos allí, han causado no sólo tragedia y dolor de ese país, sino del mundo entero. Las acciones de las autoridades han determinado que el problema disminuya, pero en el interín, los empresarios de las drogas han visto la necesidad de “trasladar” sus cuarteles a otros sitios más seguros y que permitan mayor producción y expansión del letal negocio. En principio, la primera víctima fue el Perú que, con la cooperación de Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, se prestó no sólo a recibir complacido a los productores colombianos, sino a agrandar sus propios centros de operaciones, porque contaron no sólo con la experiencia de quienes, en Colombia, habían operado con gran ventaja y logrado pingües negocios, sino con armamento, vituallas, precursores y todos los elementos necesarios para la producción de cocaína.
Pero, el Perú no podía consentir que el accionar nefasto de las drogas siga en su territorio y ante las labores de interdicción que se desplegó los directivos narcos colombianos buscaron nuevas plazas de operación y Bolivia resultó terreno apropiado no sólo para la fabricación sino para lograr mayor producción de coca y disponibilidad de la materia prima conjuntamente precursores y todos los elementos necesarios. De poco valieron la resistencia del Gobierno y de los mismos productores de coca para evitar la expansión del narcotráfico y resultó que ante el consenso internacional el país fue convertido en una especie de “centro de operaciones” de quienes querrían ver a Bolivia como su “sitio ideal de operaciones no sólo para la producción sino comercialización y expansión mundial”.
La secuela de este accionar es que lastima permanentemente al pueblo boliviano como país y como población porque, en la ignorancia de muchas comunidades del mundo, existe la creencia de que “en Bolivia todos producimos y comercializamos droga” y Bolivia es, con seguridad, la nación que más rechaza al letal negocio y así lo ha demostrado con las acciones conjuntas que se han efectuado con la FELCN, UMOPAR, la DEA, USAID, Naciones Unidas y aportes (aunque muy débiles de la comunidad internacional que recibe el venenoso producto para consumo de un potencial ejército de drogadictos). Se resalta y reconoce en el país la acción de la FELCN y de UMOPAR que, con muchas limitaciones de elementos logísticos disponibles para combatir a las drogas, combaten el letal negocio.
La comunidad internacional, especialmente de los países ricos, no quiere reconocer que la presencia del narcotráfico se debe a las condiciones de pobreza reinantes en el país; que si la cooperación que dan para “combatir a las drogas” la convirtieran en inversiones para crear riqueza y empleo, resultaría el mejor instrumento para combatir lo que todos rechazan y reprochan: el narcotráfico.
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