Guido Zambrana Avila
Una medida torpe, por poco meditada, precipitada y con un cálculo político equivocado ocasionó la peor de las huelgas de las últimas décadas. El intento de imponer dos horas de trabajo sin remuneración y en contra de la Constitución, ocasionó una reacción gremial que instaló un conflicto con consecuencias que no fueron previstas.
Para los que proponían “abrogación o muerte” el fracaso fue indiscutible (nadie se mató); el Gobierno, que cree haber triunfado al no derogar la ley, también fracasó porque muchos decepcionados y frustrados encontraron en ese error la oportunidad para canalizar su descontento contra él. El Gobierno se equivocó al pensar que su medida errática lograría la simpatía de la población, tradicionalmente insatisfecha con los servicios de salud, y que su fracaso en la implementación del Sistema Único de Salud y el Seguro Universal gratuito se compensaría con subir a ocho horas el trabajo de los profesionales de la salud.
Finalmente, la Universidad tampoco ganó mucho con un acuerdo de promesas y la falacia de que la docencia y asistencia simultáneas se la garantiza, cuando eso es imposible si no se modifica la Ley Financial, eliminando topes salariales, y reconociendo a la salud y educación como áreas estratégicas.
Felizmente, gracias a la participación de los estudiantes, a quienes la historia verdadera les reconocerá, la prolongación del conflicto desnudó la dramática situación de la salud pública en Bolivia y la incapacidad del Gobierno para atenderla; fenómeno no planificado de concientización colectiva que demostró la necesidad de construir un nuevo sistema de salud. El Gobierno, que en seis años no supo implementar el Seguro Universal de Salud gratuito, encontró hábilmente la salida al conflicto convocando a una cumbre de la salud, y las dirigencias gremiales cayeron en el juego.
Si el Gobierno concibe esta cumbre como una reunión de activistas que en dos o tres días impondrán con discursos, abucheos y aplausos un conjunto de conclusiones predeterminadas, el fracaso para el país es inminente. De igual manera se fracasará si no se comprende que construir un nuevo sistema es un proceso gradual, compartido, participativo y sostenido, y que demanda años de trabajo y financiamiento asegurado.
Recordemos que ya en enero de 2011 se realizó una Cumbre como Congreso Nacional de Salud que en dos días impuso un proyecto para el Sistema Único de Salud (SUS), que se sumó a los seis o siete proyectos que fracasaron sucesivamente por ser cupulares, inducidos, inconsistentes, inviables y sin soporte económico.
Entonces, razonablemente, una cumbre debe limitarse a concertar las líneas maestras que desencadenen la construcción en años del nuevo Sistema Único de Salud, antes de pretender resolver erráticamente problemas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y horas de trabajo. Primero, se debe definir si el Sistema Universal se construirá integrando en un solo órgano a los subsistemas público y de la seguridad social, o se los mantendrá independientes.
Segundo, establecer la factibilidad real, sobre todo financiera, para dar cobertura gratuita a los 11 millones de bolivianos, como señala la CPE. Tercero, concertar las políticas para la formación y capacitación de los recursos humanos que se necesitará para cubrir a toda la población actualmente no asegurada. Cuarto, establecer cuáles serán las fuentes sustentables del financiamiento necesario para construir el nuevo Sistema Universal de Salud gratuito.
Quinto, la constitución de un órgano que se encargue de conducir la construcción del nuevo Sistema, tarea de gran magnitud que no puede realizarla una unidad de Ministerio de Salud, menos “mesas de trabajo” o comisiones. El órgano que se propone, de carácter técnico, deberá ser institucionalizado, autónomo y con respaldo pleno para ejercer con independencia su función.
Ahora bien, la construcción del nuevo sistema demanda para su planificación un diagnóstico preciso y real de la situación de salud, que junto a los datos demográficos que se desprenderán del censo previsto para este año, permita conocer la disponibilidad actual de infraestructura, equipamiento y recursos humanos por área geográfica y niveles de atención.
Sólo así será posible diseñar e implementar científicamente un nuevo sistema de salud que no sea producto de la improvisación. Por ejemplo, sólo conociendo con exactitud la población de un área geográfica se podrá planificar cuántos centros de primer, segundo y tercer nivel se requiere, y cuánto personal, equipamiento y presupuesto demandarán. De otro modo, sin planificación, la dispersión de recursos, el despilfarro, la desorganización y la ineficiencia serán las características del nuevo sistema.
Por ahora, los gremios de salud están aún debatiendo de manera multifocal la que debería ser la propuesta concertada de los profesionales de la salud. Por su parte, el Sistema Universitario recién desplegó el instructivo de realizar reuniones sectoriales del área de la salud, que se estima serán numerosas antes de desembocar en una reunión nacional que apruebe la propuesta universitaria.
Entre tanto, afloran fuertemente peligrosos afanes de protagonismo por parte de quienes no llegan a comprender que la participación de los profesionales y del Sistema Universitario Púbico debe ser del más alto nivel técnico, capaz de merecer respeto y de imponer la racionalidad en una cumbre con alto riesgo de desvirtuarse.
Si no se quiere un nuevo fracaso, el Gobierno, los gremios, las universidades, los trabajadores y los representantes sociales están llamados a converger en un proyecto de unidad que, sin imposiciones, inicie la construcción del nuevo Sistema Universal de Salud, ojalá gratuito, y viable para todos los bolivianos.
El autor es ex Decano de Medicina.
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