Pobladores de Puerto Suárez temen enajenación de maquinaria de Jindal

El diputado de Convergencia Nacional Luis Felipe Dorado, denunció ayer, la militarización de la zona del yacimiento del Mutún y Puerto Quijarro, por parte de efectivos militares que impiden el libre tránsito por la región e impiden el paso al yacimiento.

Dijo que existe temor entre los pobladores de Puerto Suárez, por la posible “enajenación” de la maquinaria que dejó Jindal Steel Bolivia (JSB) en el yacimiento por parte de funcionarios de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).

“Queremos denunciar la militarización no sólo de Puerto Suárez, sino también de Puerto Quijarro además de todas las instalaciones que tenía aquí la Jindal. Se sacaron los muebles, escritorios, computadoras, vehículos, documentos y todo cuanto dejó la Jindal”, dijo el parlamentario.

El diputado denunció la intención de los funcionarios de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), de ingresar hasta donde se encuentran las maquinarias que trajo JSB en su intención de “enajenarlas” para iniciar la explotación de hierro en el 50% del proyecto que le toca, tal como anunciaron las autoridades.

Asimismo, cuestionó la falta de concreción del paquete accionario que comprometió la ESM para desarrollar el proyecto. “Pasaron tres años y la ESM no invirtió ni un solo peso de los 630 millones de dólares que comprometió”, sostuvo.

Según Dorado luego de los allanamientos registrados la semana pasada, “se ve un panorama sombrío por la frustración” de más de 4.000 familias que llegaron hasta Puerto Quijarro con la esperanza de lograr una fuente de empleo en el proyecto de explotación de hierro del Mutún, pero que con la salida de la Jindal, ahora se ven forzadas a abandonar la región.

“No son 100 o 200 son 4.000 familias que veían cifradas sus esperanzas en el proyecto de la Jindal, pero ahora vemos que es el Gobierno que debe asumir la responsabilidad y dar una respuesta a esta gente”, sostuvo el parlamentario.

El martes pasado, el Ministerio Público, la Policía y un grupo de militares allanaron las oficinas de la Jindal Steel Bolivia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, además de las de Puerto Suárez.

Las acciones, lideradas por la Fiscalía, se dieron en el marco de las investigaciones en torno a la denuncia por el supuesto delito de incumplimiento de contrato de riesgo compartido.

Sobre esta situación, José Luis Santander, presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, señaló que la militarización no sólo frena el proyecto, sino que “deja a la región una vez más en el olvido”. Jindal rescindió el contrato que firmó en 2007 con la promesa de invertir $us 2.100 millones.