Anuncio de análisis de la nueva Constitución

Con una actitud de análisis interno de la nueva Constitución Política del Estado, el presidente Evo Morales acaba de anunciar una evaluación de ese documento fundamental de la vida de la sociedad boliviana. El anuncio fue hecho en la ciudad de Oruro con motivo de un acontecimiento local y como un anticipo de esa tarea a principios de agosto próximo.

El mandatario afirmó que había “determinado” que en los primeros días del siguiente mes se efectuaría una convocatoria al Órgano Legislativo y a la directiva de la fenecida Asamblea Constituyente para que procedan a dicha “evaluación”. Agregó que también estarían presentes en esa “cumbre” los constituyentes que redactaron ese documento primordial, de tal forma de proceder a “una evaluación de la aplicación y la implementación de la nueva Constitución Política del Estado”.

El anuncio no podía ser más pertinente y oportuno, ya que durante el sexenio transcurrido se han producido insistentes denuncias en sentido de que la Carta Magna fue violada reiteradamente, tanto por parte de sectores de oposición como del mismo Gobierno, por lo que ese documento fundamental no estaría siendo cumplido por la población ni por las autoridades, determinando, lógicamente, que el Estado se encuentre poco menos que en medio de un mar borrascoso y sin saber a dónde se dirige. Peor aún, el país estaría en una situación crítica parecida a un naufragio inminente.

Es conocido que la nueva Constitución fue producto de la Asamblea Constituyente de 2007 y enseguida fue aprobada el 25 de enero del 2009, aproximadamente por el 57 por ciento de la población boliviana, dato significativo que, sin embargo, pasado el tiempo, va perdiendo credibilidad, pues, por un lado, la medida fundamental no se cumple y, por otro, tampoco se alcanza los objetivos señalados.

Esos aspectos determinaron que en los últimos meses se registren numerosas denuncias en sentido de que el Gobierno no cumple con las disposiciones constitucionales, mientras, por otra, también se anuncia que la oposición incumple el articulado constitucional, lo cual significaría que, en general, la nueva Carta Magna (llamada por algunos opositores “farsa magna”) no está cumpliendo los objetivos esperados por sus redactores e inspiradores.

Se debe recordar que los analistas políticos, abogados, constitucionalistas, diversos organismos partidarios y los Colegios de Abogados (salvo pocas excepciones) no han hecho, ni mucho menos, hasta el momento, un análisis a fondo de la nueva Constitución, de tal forma que se sepa cuál es su orientación esencial y cuáles son los aspectos secundarios de la misma y, por tanto, sirvan para orientar a la población y, al mismo tiempo, para encontrar sus fallas y deficiencias, a fin de que en una posible evaluación se proceda de manera oportuna y concreta.

Una Carta constitucional es un documento que es elaborado con fines de su cumplimiento en la práctica, pero si la experiencia no da los resultados esperados, querrá decir que el documento no tuvo el valor que se esperaba y que, por tanto, es un fracaso. En cambio, si el contenido de la nueva Carta tiene éxito, lo cumple toda la población, produce el progreso del país y el Gobierno no tiene que enfrentar a diario golpes que tratan de desestabilizarlo, recién querrá decir que ese documento fue bien elaborado y que satisfacía los intereses históricos del pueblo.

En esa dirección, es de esperar que en el análisis que harán en próximos días -según anuncio del primer mandatario- los asambleístas, tomen en cuenta esos aspectos para descubrir si la práctica está confirmando o negando el valor de esa disposición.