La delincuencia crece porque el sistema judicial la ampara

Cada día se producen más delitos contra el honor, la propiedad, la vida, la integridad y la seguridad de las personas, y cada vez observamos una impunidad alarmante.

Son frecuentes las desapariciones, atracos, robos, despojos, agresiones, asesinatos, difamaciones, calumnias y toda una variedad de delitos; están ocurriendo crímenes atroces que la mente no puede imaginar, sin que exista un sistema, mecanismo o autoridad capaz de frenar tanta delincuencia, cometida a la luz del día, muchas veces con la pasividad complaciente del público en general.

Hace años, sin ir más lejos, durante la juventud de nuestra generación, en Bolivia transcurría la vida tranquila y serena, sin ser alarmada por actos contrarios a la pacífica y respetuosa convivencia. Ahora no se tiene seguridad en ningún servicio público, tomar un taxi es un riesgo, caminar por las calles es inseguro, nadie está libre de ser víctima de una agresión, lo que es peor, todo ocurre con impunidad.

Si uno acude a la instancia policial y/o judicial, no sospecha el calvario al que se expone, y de adivinarlo no lo hubiera intentado, pues implica gastos para toda diligencia, pérdida de tiempo, mayores disgustos y contratiempos. Al delincuente le basta cualquier estratagema para dilatar el proceso, inasistencia, falta de abogado o cualquier ardid y si aquél es un político o goza de su apoyo, mayores son los obstáculos, porque éstos intimidan y hacen uso ilegal de su influencia, por lo que afrontarlos deriva en mayores trámites que no prosperan, donde más bien la víctima resulta condenada.

Quien recurre al amparo de la justicia, tiene que sufrir una cadena de peripecias, con un resultado incierto, porque la legislación está diseñada para favorecer al delincuente, a quien se le permite toda patraña que abogados rebuscan, para lo cual son diestros. Quien escribe inició un proceso de acusación particular y casi van a ser tres años que el juicio oral no puede acabar, porque una de las imputadas es diputada suplente que ejerce sus influencias, al extremo que ante su rebeldía y la expedición de mandamiento de aprehensión, planteó acción de libertad para suspender una audiencia que la Corte de Potosí, con esa ponderación que le caracteriza, más bien, le denegó.

Sucedió que la susodicha diputada suplente, en un alejado pueblo apareció un domingo con una tropa de obreros y levantó en heredad ajena una habitación con la rapidez del rayo en dos días, y dejó habitando en ella a su madre haciendo ostentación de su proeza y la víctima, por el celo de seguir con legalidad, inició juicio de despojo y ha pasado un año y medio, tiempo en el que los imputados recurren a toda suerte de maniobras maliciosas para burlar la justicia, porque así está diseñado el sistema judicial, a favor de los delincuentes.

El honor de las personas está protegido por norma constitucional y penal; sin embargo es el procedimiento al que menos interés le ponen las autoridades.

Nuestro país se ha colocado en una situación donde la seguridad ciudadana está en permanente riesgo, por falta de castigo. La falta de medidas de escarmiento hace que los delitos campeen y esto tiene que acabar. Desde la movilización de todos los vecinos que deben estar organizados y vigilantes, hasta crear mecanismos policiales eficaces y oportunos y una justicia que sea implacable con los delincuentes, es asunto de iniciativas, responsabilidad y organización.

Si no hay una campaña general, entonces los delitos seguirán proliferando, porque no hay castigo y si no hay castigo no hay escarmiento. Pensemos cómo en estas condiciones una persona humilde puede pedir y obtener justicia, simplemente resulta una ilusión.

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