Como prueba objetiva de la aplicación de una política del retroceso al pasado comunitario, colonial y feudal que imperó en forma compulsiva durante el coloniaje y que viene aplicando la ideología populista del Gobierno actual, se tiene el caso patético del retorno ostensible de autoridades antidemocráticas, como son los corregidores, así como las oscuras prácticas inquisitoriales que practicaban hasta su desaparición hace más de dos siglos. Que esas autoridades coloniales hubiesen reaparecido, con amplios poderes de decisión, no puede sino confirmar que el país está retrocediendo a los tiempos de los abusos y la violencia que practicaban esos funcionarios en complicidad con curacas, mandones y otros indígenas proespañoles.
Los corregidores, nombrados directamente por el rey, eran, a la vez, empleados directos de los virreyes, encargados de poner en práctica el nefasto sistema económico del monopolio comercial y el orden político colonialista. Para aplicar ese sistema económico esos funcionarios utilizaban toda clase de métodos de violencia.
Esos sistemas determinaron que los indígenas iniciasen una etapa de levantamientos que culminaron con las rebeliones de Túpac Amaru y Túpac Katari en 1781, hechos que, lamentablemente, derivaron en actos de violencia (como el absurdo cerco a la ciudad de La Paz) que nada tenían que ver con la causa que los oprimía y sojuzgaba. Tan notable fue la oposición indígena a los corregidores, que la sublevación de Amaru y Katari fue conocida como “el levantamiento contra las corregidores” y que en vista de los grandes problemas que producían, fueron abolidos por el rey en 1784.
Desde entonces el Alto Perú (o Charcas) no volvió a conocer la autoridad de los corregidores, aunque siguieron subsistiendo algunos resabios en regiones alejadas. Pero, al presente, como pretexto de la política “socialista” de retroceder al ayllu y la comunidad, esa casta de autoridades ha vuelto a aparecer con gran aparato y con poderes de decisión, al extremo de ponerse abiertamente contra las masas indígenas, con tanta o mayor energía que en los tiempos de los corregidores españoles.
Gran cantidad de documentos confirma que los corregidores eran los peores enemigos de los indígenas y autores de la mayoría de los abusos y depredaciones hechas contra la población indígena. Es más, ocasionaron los grandes levantamientos de 1781, que principalmente se oponían al consumo obligado de mercancías de origen europeo. Un historiador afirma: “Es miserable ver el estado de la tierra por la opresión que padecen los indígenas, en particular de aquellas que tienen a su cargo la observancia de las Ordenanzas, autoridades como los corregidores y caciques, todos los cuales pretenden enriquecerse con el trabajo y sudor de los indios”.
El retorno al pasado comunitario, colonial y feudal que registra el país como resultado de la ideología populista (con el objetivo utópico de construir el socialismo sobre la base del ayllu y la comunidad, sin pasar por el sistema capitalista) ha adquirido carta de ciudadanía en el territorio de los TIPNIS, donde los corregidores oficialistas han implantado una dictadura autocrática e imponen sus puntos de vista en contra de los intereses de la población indígena mayoritaria. Tales hechos confirman que el régimen colonial español está siendo restaurado sistemáticamente, no sólo en el Parque Isiboro-Sécure, sino también en otros lugares del país, tanto en zonas rurales como urbanas, lo cual está contra la lógica de la historia y se adapta a las más negativas teorías racistas y antihistóricas.
La reaparición de los corregidores es el indicador más claro, junto con otros muchos ejemplos, de que el país está marchando al revés de las manecillas del reloj de la historia, procedimiento que, sin embargo, está condenado a ser sobrepasado por la evolución natural de la sociedad.
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