Política pública para la gestión de los recursos hídricos

En el territorio boliviano, los factores que ocasionan la reducción gradual de los recursos hídricos son: el crecimiento de la población (sobre todo en las ciudades capitales), el uso ineficiente de este recurso por los sectores agrícola/pecuario, la contaminación y otros, cuyas consecuencias podrían ser agravadas por la variabilidad climática. Entonces, el Estado debería pensar en una política pública flexible para la gestión de los recursos hídricos, a fin de evitar consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas.

La Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente realizada en Dublín (1992) ha recomendado, como la unidad más adecuada para la gestión integral de los recursos hídricos, la cuenca. Además estableció como principio que el agua tiene un valor económico. Luego, en la Cumbre de la Tierra (1992) se definió las estructuras institucionales y jurídicas para la gestión del agua a fin implementar la recomendación. Al amparo de esta política, en la década de 1990 se ha impulsado en América Latina el traspaso de la gestión de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado del control público a manos de las empresas privadas.

En Bolivia, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo (Dec Sup No 29272), como en el Plan Nacional de Saneamiento Básico (2008-2015) se ha establecido que la unidad básica de planificación y gestión de los recursos hídricos es la cuenca. Tal como ha recomendado la Conferencia Internacional sobre Agua, con la diferencia de que se reconoce el acceso al agua como un derecho humano.

La gestión integral de la cuenca hidrográfica no es lo mismo que la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca, la primera proviene del término “manejo de cuenca”, que tiene que ver con el aprovechamiento de todos los recursos naturales en la misma (recursos forestales, agropecuarios, hídricos, conservación del suelo y otros), mientras que la segunda solamente se refiere al aprovechamiento del recurso hídrico en la cuenca.

Por otro lado, de la teoría de seguridad se desprenden: la seguridad del Estado, la seguridad ocupacional, la seguridad ciudadana, la seguridad social, la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y otros. Algunos países han adoptado la política de “agua segura” para la seguridad hídrica, así como la política de “alimento seguro” para la seguridad alimentaria.

La política pública para la gestión de agua debería ser objeto de preocupación y análisis, a cargo de las instituciones que tienen que ver con este tema, así como por todos los actores sociales involucrados. El Gobierno ha adoptado la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca, tal como ha sugerido la Conferencia sobre Agua de Dublín como una receta, y no la gestión integral de la cuenca hidrográfica, que tiene más ventajas comparativas. Además es holístico, ni siquiera ha considerado la política de “agua segura” que proviene de una teoría científica, que es la expresión suprema del conocimiento humano.

Por consiguiente, se sugiere considerar las políticas de gestión integral de la cuenca hidrográfica y/o “agua segura” para la gestión del agua, en los proyectos de las leyes de agua, medio ambiente, madre tierra, plan maestro de agua y en otras disposiciones legales.